Para el exfiscal Avelino Guillén, las bancadas cuyos líderes están investigados por casos de corrupción o con mandato de prisión preventiva no pueden legislar sobre esa herramienta procesal porque ello pondría en riesgo los procesos anticorrupción en marcha.
Por ello, consideró inoportunas la presentación de propuestas legislativas para regular la prisión preventiva en el Congreso de la República.
Según dijo, el poder político debe mantenerse al margen de este tipo de iniciativas porque existen procesos judiciales que involucran directamente a líderes de agrupaciones partidarias con representación en el Congreso.
“Hay algunos grupos partidarios que cuyos líderes están sujetos a investigación de carácter judicial y están con prisión preventiva y legislar sobre medidas que se han dictado en procesos en trámite me parece inoportuno y pondría en riesgo los procesos en marcha”, señaló en declaraciones a Andina.
Lo correcto, dijo, es que el Ministerio Público y el Poder Judicial sigan actuando con la misma rigurosidad y evalúen caso por caso.
Anotó que la prisión preventiva es una medida absolutamente excepcional “y solo se aplica en defensa de las investigaciones”.
Aseveró que no se ha cometido ningún exceso al aplicarse la prisión preventiva en los casos ya conocidos por la opinión pública, al recordar que sólo ha sido impuesta por el juez ante un inminente peligro procesal, de obstrucción, o de un peligro de fuga.
“Y en todos los casos se ha aplicado de manera correcta, tanto así, que las peticiones de la fiscalía son evaluadas por un juez, quien es el que determina e impone una prisión preventiva”, comentó.
Guillén remarcó, además, la pluralidad de instancias en el Poder Judicial que permite analizar y evaluar los recursos impugnatorios respecto a las decisiones de los jueces de primera instancia.
Bajo su punto de vista, en casos como de Fuerza Popular, y en su momento contra el Partido Nacionalista, se dictó prisión preventiva a sus altos dirigentes debido a un riesgo procesal.
A Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular la medida fue aplicada por obstrucción a la justicia al haber elementos de prueba sobre una amenaza a testigos, y sobre los Humala ante la figura de compra de testimonios.
“Entonces hay situaciones extremas que determinan a la fiscalía a solicitar este tipo de medidas”, anotó.
Asimismo, puntualizó que una de las salas de la Corte Suprema presidida por César San Martin resolvió un recurso de casación que regula el peligro de fuga y dictó jurisprudencia sobre el tema.
“Lo importante es que se deje trabajar a los jueces y fiscales con independencia y que el poder político no debe involucrarse ni inmiscuirse en procesos en trámite y con mayor razón existen organizaciones cuyos líderes políticos están privados en libertad y tienen representación en el congreso”, enfatizó.
Actualmente, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, cumple 36 meses de prisión preventiva. Al expresidente Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista, también se le aplicó esa herramienta procesal, la cual fue revocada por el Tribunal Constitucional luego de ocho meses.
En la víspera, el Poder Judicial varió la orden de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por detención domiciliaria debido a su mal estado de salud.
(Foto: Andina/Vidal Tarqui)
