Hasta el 3 de mayo se lleva a cabo en la sede de la ONU (Nueva York) la decimoctava sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, cuyo tema este año es ‘Conocimientos tradicionales: generación, transmisión y protección’. Durante dos semanas, los pueblos indígenas, las naciones y otras partes interesadas evalúan el progreso, examinan los desafíos, destacan las buenas prácticas e identifican posibles políticas y programas que protegerían mejor y promoverían los derechos de las sociedades originarias para mantener, controlar, proteger y desarrollar el conocimiento tradicional. 

También se examinan las cuestiones indígenas relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.

El Foro Permanente es uno de los tres mecanismos de las Naciones Unidas dedicado a las cuestiones específicas de los pueblos indígenas. Los otros mandatos son: El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En el foro hubo decenas de representantes de sociedades originarias de diversos países. Sus pedidos coincidían: respeto de derechos humanos, alto a la deforestación de sus tierras ancestrales, defensa de los bosques, desarrollo económico inclusivo, valoración de su saber tradicional para combatir el cambio climático, consulta previa, entre otros temas.

Dos peruanos participaron en la cumbre esta semana: Ronald Suárez, presidente del Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshikox), y Robert Guimaraes, de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau) del pueblo Shipibo Konibo.

Suárez señaló que el territorio shipibo (Ucayali) ha estado desprotegido por el Estado peruano, y que ello continúa así. “Por eso, nuestros territorios en los últimos tiempos vienen siendo invadidos por industrias extractivas y violencias de narcotráfico y tráfico ilegal de tierras en complicidad con el Estado peruano”.

El líder relató que las tierras shipibas son invadidas por cocaleros y el Gobierno Regional de Ucayali no actúa para controlarla. “Sin embargo, sí nos controla el consumo de nuestra seguridad alimentaria: peces y caza”, anotó. “Esto nos genera una amenaza constante para nuestra sobrevivencia y produce un ciclo de deforestación y desplazamiento que incluye la pérdida de conocimiento colectivo, lo que no solo es una amenaza para el pueblo sino también para el mundo porque sin conocimiento de pueblos indígenas para el manejo de la biodiversidad y de la selva, no hay futuro”, añadió.

En su opinión, el Estado debe reconocer el derecho al ejercicio de libre determinación con leyes de autonomía indígena e incluir en su agenda nacional el proceso de desarrollo sostenible planteado por los pueblos originarios.

Por su parte, Guimaraes informó que los pueblos indígenas sufren actualmente una injusticia sin precedentes: “Nuestras comunidades, tierras, territorios están siendo afectados, degradados y robados por la intrusión de la agroindustria, la minería, la industria petrolera y gasífera, la industria forestal, los megaproyectos, así como los cultivos ilícitos. Incluso las llamadas industrias "legales" suelen estar vinculadas a la corrupción”.  

También se refirió a la intimidación, abuso físico y amenazas sobre las comunidades nativas de Ucayali. Asimismo recordó que el Acuerdo de París de 2015 reconoció el importante rol de los pueblos indígenas y comunidades locales y el papel del saber tradicional para lidiar -y adaptarse a él- con el cambio climático. “Respetar nuestros derechos, especialmente nuestros derechos a la tierra y al territorio, es la manera de salvar los bosques del mundo y protegernos a todos del cambio climático”, dijo.

Guimaraes, que representó a Feconau, planteó las siguientes exigencias: “que todos los gobiernos, compañías, bancos y financistas reconozcan y respeten nuestros derechos consuetudinarios a la tierra y nuestro derecho a nuestra autonomía, para que podamos defender, controlar plenamente y gestionar nuestra tierra, nuestros territorios y nuestros bosques, en beneficio de nuestros pueblos y de todo el mundo; que los gobiernos garanticen la transparencia, la investigación efectiva, el cumplimiento de la ley y la imposición de sanciones para las violaciones de derechos humanos y los delitos financieros y ambientales cometidos por gobiernos, empresas y financistas, a lo largo de toda la cadena de suministro, y que tomen medidas fuertes para hacer frente al crimen organizado y el comercio ilegal dentro de estas cadenas de suministro".



Esta es la sesión completa del segundo día del foro: