El suicidio del expresidente Alan García, como el último acto político planificado de su vida, antes de ser detenido por su implicación en la trama de Odebrecht, abrió un debate sobre la lucha anticorrupción en el Perú, que nunca antes como ahora había cercado ─ni siquiera se acercaba─ a la cúpula de la clase dirigente del país. No en vano, en la actualidad, cinco de los seis presidentes desde 1985 tienen graves problemas con la justicia.
En medio del dolor de su familia y de sus seguidores, por la trágica decisión que tomó el líder aprista, se han escuchado voces que apuntan a pedir un borrón y cuenta nueva respecto a los procesos en curso y los que, seguro, están por venir en el marco de la investigación del caso Lava Jato en el país, bajo el argumento falaz de que el desenlace fatal por el que optó Alan García Pérez es culpa de las investigaciones judiciales y de las denuncias del periodismo.
El coro lo encabezan los cuadros apristas y fujimoristas, así como algunos de sus voceros oficiosos en ciertos medios de comunicación y hasta en la Iglesia, que han arremetido con todo en contra de los arrestos preventivos y alegan un "exceso" en la actuación de la justicia, lo que llaman la 'judicialización de la política'.
"Ha habido un exceso deliberado y abusivo de las detenciones preliminares y eso tiene que parar", dijo esta semana la congresista aprista Luciana León. La secundó su corriligionaria Nidia Vílchez, exministra del último gobierno del Apra: "Exigimos que las instituciones no se usen para perseguir a sus enemigos políticos. Alan García no iba a permitir el circo".
A estas voces se sumó el cardenal Juan Luis Cipriani, cercano al fujimorismo. "Aquí no hay un problema de investigaciones, se está acusando mediáticamente, esto tiene que terminar", alegó. "Basta de tanta persecución y maldad, se debe acabar con esta persecución que no es en nombre de la justicia, es en nombre del abuso del poder político", insistió en el velorio del líder aprista.
En ese mismo contexto, ante el féretro de García, el excandidato presidencial de Acción Popular Alfredo Barnechea, pero de antigua militancia aprista, también arremetió contra la lucha anticorrupción. "Hay que terminar el contubernio de la mafia judicial con los improvisados del gobierno", dijo.
Pero como ya se ha explicado aquí y en varios otros espacios, una persona se suicida por una decisión personal, de la cual solo ella es responsable, por lo que nada justificaría, ni siquiera una decisión extrema como la de Alan García, que se interrumpan los procesos sobre corrupción en el país, como bien lo apunta este sábado el periodista Augusto Álvarez Rodrich en un artículo para Infobae.
"Esto no implica estar de acuerdo con todas las decisiones judiciales, como, por ejemplo, la prisión preventiva por 36 meses dictada el viernes 18 contra el ex presidente Kuczynski, de ochenta años, por no percibirse en su libertad condicional un riesgo de fuga ni de afectación del proceso judicial", refirió.
"Antes que una judicialización de la política, lo que hay en el Perú es un problema de políticos que pueden haber cometido delitos y que, por eso, deben ser juzgados con imparcialidad y condenados –si corresponde– con rigor. Esto es lo que se debe exigir, en vez del borrón y cuenta nueva que se sugiere cada vez con más entusiasmo", anotó.
"El respeto y la compasión por alguien que se suicida no puede ser excusa para desmontar la lucha anticorrupción ni los procesos a varios políticos, pues robarle al país desde el poder también es una forma de matar, cada día, a la nación y a sus ciudadanos".
Así lo entiende también Pedro Barreto, el otro cardenal del Perú, quien piensa muy distinto a Cipriani, respecto a la muerte de Alan García y el contexto en la que se ha dado.
"Es un hecho muy doloroso para todos, pero tampoco lo victimicemos y lo pongamos como héroe. Ni víctima ni persona valiente, tiene que ser la justicia de Dios la que diga la verdad. Tampoco podemos decir que es víctima del sistema de la justicia. Yo creo que la fiscalía está cumpliendo su función. Tenemos que seguir luchando contra la corrupción, una maldad que destruye la esencia misma de la unidad de una sociedad".
Lo mismo entiende el jurista Javier de Belaunde, quien considera existe "un uso rastrero" del suicidio a Alan García, al querer atribuirlo a otros. "Los fiscales están cumpliendo su deber y el periodismo de investigación ha cumplido un rol inusual e importante. Hay que pedir serenidad y poner la decisión del expresidente en su contexto personal", sostiene.
"Las investigaciones anticorrupción deben continuar. Se habla de excesos en la prisión preventiva, pero ello ocurre por una cierta dificultad de la Fiscalía [de atender tantos casos] por sus recursos limitados. El llamado es a los poderes políticos para que le asignen recursos. El sistema anticorrupción debe ser respaldado porque tienen todas las de perder ante el poder político y económico".
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