Ellos solo hacen su trabajo. Ante las críticas provenientes del fujiaprismo, que prácticamente han responsabilizado a los fiscales de la muerte de Alan García, quitarse la vida para no ser detenido y evitar, así, afrontar a la justicia. Abogados apristas y hasta el fujimorista Héctor Becerril han lanzado sus dardos contra los profesionales del equipo del Ministerio Público que investiga el caso Lava Jato.
Ante ello, esta tarde, el equipo especial de fiscales publicó un comunicado en el que aclaró que, durante la notificación y ejecución de la medida de detención preliminar y allanamiento en el caso de Alan García y otros, se respetaron "estrictamente el debido proceso y sus derechos fundamentales".
Precisaron que esta medida fue ordenada con la Resolución N° 02 emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en delitos de corrupción de funcionarios.
Recordaron que el ministro del Interior, Carlos Morán, informó más temprano que se siguió el protocolo para este tipo de diligencias.
Lamentaron profundamente la decisión trágica tomada por García Pérez, quien les dijo a las autoridades que iba a llamar a su abogado, pero terminó encerrándose en su habitación y se disparó en el cráneo para luego fallecer en el hospital Casimiro Ulloa, tras cuatro paros cardiorespiratorios.
A pesar de no tener ningún tipo de responsabilidad en la fatal decisión del acusado de liderar una organización criminal dedicada a la corrupción de funcionarios y al lavado de activos, los fiscales ahora deben afrontar una investigación por parte del Órgano Descentralizado de Control Interno de la Fiscalía.
"Mostramos nuestra profunda preocupación y rechazo por las acciones tomadas de oficio [...] hecho que se suma a otras investigaciones iniciadas de forma sorpresiva y arbitraria desde el año pasado en contra de los fiscales del equipo especial, que sin conocer los acontecimientos y únicamente con recortes periodísticos, ha abierto investigación preliminar contra los magistrados Pérez Gómez y Amenábar Almonte, por presuntas infracciones administrativas sin precisar la supuesta inobservancia a su deber funcional en el ejercicio de sus funciones".
"Situación que consideramos que vulnera la autonomía fiscal y la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional", afirmó.
Además, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, resaltó que la diligencia se realizó en estricto cumpliminto de un mandato judicial.
[Foto: Andina]
