El pleno del Congreso aprobó la ley que regula el procedimiento de desalojo con intervención notarial, con la cual los propietarios de inmuebles de alquiler tendrán la opción de proceder como alternativa al proceso contencioso de desalojo en el Poder Judicial.
Este proceso será posible si previamente, en el contrato de arrendamiento, se incluye una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario, para la restitución del bien por resolución del contrato por falta de pago. Asimismo, el contrato de arrendamiento debe estar contenido en un Formulario Único de Arrendamiento de Inmueble destinado a Vivienda (FUA).
Por otro lado, los pagos por los arrendamientos, necesariamente deberán ser bancarizados en entidades financieras o cooperativas de ahorro y crédito que se encuentren supervisadas por la SBS.
La ley permite que el arrendador de una vivienda pueda recurrir ante un notario público en caso de incumplimiento o vencimiento del contrato de alquiler de la vivienda. Tras recibir la solicitud, el notario deberá hacer la constatación y notificar al arrendatario para que demuestre estar al día en sus pagos o que el contrato de arrendamiento continúa en vigencia. Con la versión de las dos partes, o en caso el arrendatario no se pronuncie, el notario deberá emitir una resolución ante un juez de paz recomendando el desalojo de la vivienda.
“Además de lo señalado, otra de las ventajas de la ley es la descarga procesal del proceso de desalojo, que por lo regular puede demorar un promedio de 4 años en ser efectiva. En ese lapso de tiempo, el inmueble, ilegalmente ocupado, continúa deteriorándose lo cual va en desmedro del arrendador para futuros alquileres de su inmueble. Con la intervención de un notario, este proceso puede ser reducido a menos de 30 días”, señaló el congresista Carlos Bruce, autor del proyecto.
La nueva ley brindará seguridad e incentivos a los actuales y futuros propietarios de inmuebles, para que puedan ponerlos a disposición de alquiler y de esta manera, dinamizar el mercado inmobiliario para personas buscan alquilar una vivienda ya que todavía no cuenten aún con los medios económicos para pagar la cuota inicial de una vivienda propia.
La iniciativa agrupa las propuestas del Ejecutivo, Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular. 83 congresistas votaron a favor, seis en contra y tres se abstuvieron.
