“Yo no doy mi opinión por este momento. Me parece ridículo”. Así, con esa breve frase, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se refirió este miércoles a la orden de detención preliminar de 10 días dictada en su contra por el Poder Judicial por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del caso Odebrecht. 

En declaraciones al programa Panorama, el exmandatario dijo que se enteró de la medida aprobada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria a través de una llamada de un periodista y se mostró sorprendido, porque venía colaborando con las pesquisas de la fiscalía.

"Aquí hay una persecución. Yo he contestado a la fiscalía todas las veces que he ido" , dijo luego Kuczynski, esta vez en declaraciones a W Radio de Colombia. En esta emisora, recordó que los exejecutivos de Odebrecht, que dieron su testimonio hace dos meses en Curitiba (Brasil), aseguraron no conocerlo y no haber tenido nada que ver con él. "La gente de Odebrecht ha sido clarísima en que yo no tenía nada que ver en estas acusaciones y, bueno, yo veré qué cosa me están pretendiendo decir ahora. Nada más puedo decir", agregó.

El citado tribunal, a cargo del juez Jorge Luis Chávez Támariz, admitió el pedido del Ministerio Público contra PPK y otros dos investigados: su secretaria Gloria Jesús Kisic y su chofer José Luis Bernaola. El exmandataario estaba con una orden de impedimento de salida del país.

Los argumentos de la fiscalía

Kuczynski es investigado desde octubre del 2017 por el Equipo Especial Lava Jato, tras conocerse los pagos que realizó Odebrecht a sus cuentas por asesorías con el proyecto Interoceánica Sur, cuando PPK era ministro de Estado en el gobierno de Alejandro Toledo. 

En concreto, se le imputa el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, con los agravantes de pertenecer a una organización criminal y su condición de exfuncionario público.

Por ello, en una parte de la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria que ordena su detención preventiva, se lee: 

"El imputado Kuczynski Godard ─en su condición de ministro de Estado─ habría tenido intervención directa (…) materializando el acuerdo corruptor sostenido entre Simoes Barata y Alejandro Toledo Manrique, con el objeto de que la empresa Odebrecht se adjudicara la obra de construcción y mantenimiento del proyecto IIRSA Tramos 2 y 3".

La pesquisa con el ex jefe de Estado está en etapa preliminar y comprende tres ejes: el más importante se refiere a los pagos realizados por empresas del grupo Odebrecht a Westfield Capital, una firma de propiedad exclusiva de Kuczynski y cuya sede se encuentra en EEUU.

Precisamente, otro de los fundamentos para aprobar la medida se consigna entre las páginas 18 y 19 de la resolución judicial, donde se señala que PPK ha intentado modificar pruebas de la contabilidad de Westfield Capital.

La fiscalía también se investiga las transferencias de 1.3 millones de dólares que, desde 2007 al 2015, realizaron tres empresas extrajeras (TRG Alocational off shore LTD, Ternium SA y TRG Managmen LP) en la cuenta del Banco de Crédito de PPK, con el objetivo de determinar el origen lícito o ilícito de ese dinero, en un  contexto en el que en 2011 y 2016,  Kuczysnki participó en dos campañas electorales.

Además se investiga las transferencias que hizo Odebrecht Latinvest Ductos SA., en cuentas de las empresas vinculadas a PPK, Latin American Enterprise y First Capital. Esta última, de propiedad del chileno Gerardo Sepúlveda Quesada, quien fue socio de Kuczysnki.

La medida provisional incluye a Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñuflo. La primera fue la secretaria del ex presidente, y mantenía una cuenta mancomunada con PPK, en la que recibieron más de US$1.6 millones de First Capital Inversiones y Asesorías Ltda, una de las empresas investigadas por la fiscalía. Bernaola Ñuflo fue el chófer de Kuczysnki y recibió depósitos en sus cuentas por US$457.789 y US$144.782, según la fiscalía.

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