Esta semana, la Junta de Portavoces del Congreso decidió que se mantenga la semana de representación, pese al escándalo por los cobros indebidos; es decir, normalizaron un aumento salarial de S/2.800 mensual encubierto como gasto de representación, un privilegio que no tienen otros funcionarios.

Sobre ese monto, los congresistas no tienen que rendir cuentas, según el acuerdo N° 038-2017, aprobado en agosto del 2107 por la Mesa Directiva presidida en ese entonces por Luis Galarreta e integrada Mauricio Mulder, Richard Acuña y Mario Mantilla.

Pero, ¿bajo qué justificación el fujimorista Galarreta y compañía decidieron perpetrar ese aumento encubierto? La República accedió a la cadena de documentos que sirvió de sustento, en aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El más revelador es el informe N° 207-2017, del 18 de agosto del 2017, en el que el jefe encargado del Departamento de Finanzas del Congreso, Pedro Chafloque Ramírez, revela las deficiencias de los congresistas para sustentar los gastos por semana de representación.

“En el caso de los congresistas que llevan a cabo sus actividades en zonas rurales, frecuentemente informan tener inconvenientes para justificar el pago de medios de transporte, alquiler de vehículos y equipos de atención (...)”, se lee en el primer párrafo del documento.

“En la región de la selva, se presentan casos en donde los dispositivos que autorizan el pago de este beneficio, no ha considerado (SIC) el pago de transporte fluvial, medio de transporte que se utiliza comúnmente para el traslado a las comunidades del sector”, dice el segundo acápite.

Lo que dice el informe lo padecen los miles de trabajadores del sector público que deben cumplir funciones en zonas rurales o de selva, pero a quienes no se les exonera de rendir cuentas de los dineros del Estado que reciben para ello, como pasa con los congresistas, porque eso en la práctica termina siendo un aumento salarial encubierto.

El informe del funcionario Chafloque, que finalmente sugiere “consultar a la Mesa Directiva sobre la posibilidad de gravar con Impuesto a la Renta a dicha asignación”, fue el principal insumo para que el director general de administración del Congreso, Horacio Eguren Ciurlizza, redacte el informe 360-2017 el 12 de setiembre. Al día siguiente, el 13 de setiembre, la Mesa Directiva aprobó el aumento encubierto en base a este último documento, sin mayor debate.

Ni si quiera evaluaron si esas dificultades señaladas que tenían los congresistas en provincias las tenían también los legisladores de Lima. Al final, no solo se aprobó el aumento, sino también se subió el monto que hasta entonces era 2.000 soles a 2.800 soles por el concepto de gastos de representación. Como era obvio, ningún vocero se opuso. Así, ya van 18 meses de un privilegio al que acceden solo los congresistas.

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