La Defensoría del Pueblo informó que volverá a implementar su estrategia nacional Escuela Segura, cuyo principal objetivo es lograr que los centros educativos, en el ámbito nacional, se conviertan en espacios seguros y libres de violencia sexual para niñas, niños y adolescentes.
Durante 2018, entre los meses de agosto y diciembre, Escuela Segura llegó, con acciones de prevención y atención, a más de 20 mil personas en 21 regiones, según informó la Adjunta para la Niñez y la Adolescencia de esta institución, Matilde Cobeña.
“Nuestro objetivo es que en los centros educativos se garantice una educación con pleno respeto de la dignidad y el buen trato a estudiantes, y que estos estén informados sobre sus derechos a una vida libre de violencia, así como a un trato igualitario y sin ningún tipo de discriminación”.
En Ayacucho, Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna, los equipos de las oficinas desconcentradas de la Defensoría del Pueblo han brindado capacitaciones y organizado ferias dirigidas a estudiantes, docentes, personal administrativo, directivos, padres y madres de familia.
Asimismo, en diversas localidades en las que se ejecutó Escuela Segura, se desarrollaron reuniones de trabajo y mesas técnicas con las autoridades competentes en la prevención y atención de la violencia escolar. Escuela Segura busca empoderar a los y las estudiantes en el conocimiento de sus derechos vinculados a su integridad física y psicológica, a estudiar en espacios libres de todo tipo de violencia, en especial la violencia sexual; así como a informarse sobre cómo y a dónde denunciar.
Con el personal docente y directivo de las instituciones educativas, la intervención está focalizada en la concientización de su rol para garantizar la convivencia escolar, en la implementación de los lineamientos sobre convivencia escolar para la prevención y atención de la violencia, protección de los estudiantes; así como en sus obligaciones y responsabilidades ante su incumplimiento.
Mientras que a padres y madres de familia y/o apoderados, se les informará sobre la importancia de su participación en la prevención de la violencia pues forman parte de la comunidad educativa; también se fortalecerá sus capacidades para identificar las señales de alerta ante posibles casos de violencia contra estudiantes; así como los mecanismos y lugares de denuncia y los servicios de protección social.
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