El Poder Judicial anunció que ha dictado medidas de seguridad para resguardar toda la documentación relacionada al acuerdo de colaboración eficaz firmado entre el Equipo Especial del caso Lava Jato y la empresa Odebrecht. 

Hace unos días ya se había dispuesto "apoyo logístico" para la jueza del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, María de los Ángeles Álvarez Camacho, quien es la encargada de realizar el control de legalidad al acuerdo.

"El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, dispone apoyo logístico y de personal para jueza encargada de validar el acuerdo de colaboración con Odebrecht. También medidas de seguridad para resguardar toda la documentación recibida de la Fiscalía", informaron a través de Twitter, tomando en cuenta que se trata de unos 148 mil folios

María Álvarez recibió el lunes 25 de marzo toda la documento de manos de un fiscal adjunto del equipo especial Lava Jato. La magistrada será la encargada de dar el visto bueno, observar o rechazar el acuerdo que fue firmado en Brasil entre los fiscales del equipo especial Rafael Vela y José Domingo Pérez con ejecutivos de la empresa Odebrecht. En las negociaciones y la firma del documento también participaron los procuradores ad hoc para Odebrecht y otros casos anexos Jorge Ramírez y Silvana Carrión.

El proceso

Dentro del décimo día de haberse entregado la documentación, la jueza convocará a una audiencia privada especial con la asistencia de quienes celebraron el acuerdo, en donde cada uno expondrá los motivos y los fundamentos del convenio. La jueza, el Ministerio Público, la defensa y hasta el procurador público podrán interrogar al solicitante, precisa el Código Penal. 

Luego de la audiencia, la jueza tendrá tres días para dictar sentencia y aprobar el acuerdo o un auto en caso de una desaprobación del documento. Ambos fallos pueden ser apelados, si se da el caso. La impugnación deberá ser vista en una Sala Penal Superior.

Pero si la jueza considera que "el acuerdo no adolece de infracciones legales, no resulta manifiestamente irrazonable, o no es evidente su falta de eficacia", lo aprobará e impondrá las obligaciones que correspondan. La sentencia no podrá exceder los términos del acuerdo.

Si el acuerdo aprobado consiste en la exención o remisión de la pena, así lo declarará, y ordenará su inmediata libertad y la anulación de los antecedentes del beneficiado. Si consiste en la disminución de la pena, declarará la responsabilidad penal del colaborador y le impondrá la sanción que corresponda de acuerdo a los términos del convenio, sin perjuicio de imponer las obligaciones pertinentes.

(Foto de cabecera: Andina)

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