El dirigente detenido Gregorio Rojas, el líder de la comunidad de Fuerabamba, que está bloqueando la vía de acceso hacia la mina Las Bambas por más de 50 días, podría ser liberado en las próximas horas, dijo este viernes el fiscal coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina.
El magistrado explicó que la orden de detención de Rojas expira este sábado y que los fiscales tienen la opción de pedir la prisión preventiva o la libertad condicional, en un contexto en que la principal exigencia de esa comunidad para volver a la mesa de diálogo con el Ejecutivo y la minera china MMG es que se libere tanto a su presidente como a sus asesores legales, los hermanos y abogados Frank y Jorge Chávez Sotelo.
La comitiva del Ejecutivo, integrada por tres ministros, y los representantes de las comunidades de Apurímac y Cusco implicadas en el caso Las Bambas acordaron reunirse el próximo 9 de abril en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en Lima.
En cuanto a la situación de los Chávez Sotelo, que son acusados de ser parte de una organización delictiva dedicada a la extorsión, el fiscal Chávez precisó que la investigación del Ministerio Público se centra en ellos y no en los comuneros de la zona de influencia de la mina Las Bambas.
"Estamos continuando con las investigaciones en la Dinincri. Ha venido nuestro fiscal Jafet Velásquez, fiscal provincial de Abancay, para dirigir la investigación. Él cuenta con un fiscal adjunto y un grupo de fiscales de crimen organizado para avanzar con diligencia para que obviamente concluyamos esto lo más pronto posible (...)".
En un video publicado en la cuenta de Twitter del Ministerio Público, Chávez Cotrina indicó que en sus investigaciones, los fiscales actúan en forma independiente y con la autonomía que les garantiza la Constitución Política del Perú.
Los hermanos Chávez Sotelo están bajo detención preliminar desde el 21 de marzo como parte de las investigaciones que se le sigue a la red criminal Los Chavelos, de la cual serían cabecillas y que está dedicada al delito de extorsión.
Ambos fueron intervenidos ese día en Lima por la Policía, junto con el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas Paniura. Hasta ese momento no se sabía mucho de ellos, pero unos audios difundidos por la prensa revelaron que estarían cumpliendo el papel de azuzadores del conflicto social en torno a mina Las Bambas con el propósito de cobrar una suma millonaria a la minera.
Los Chávez Sotelo son abogados de profesión y tienen colegiatura habilitada en el Colegio de Abogados de Apurímac. Su última cuota fue cancelada el 25 de marzo, es decir cuando ya se encontraban bajo arresto. Su trabajo consistía en prestar servicios de asesoría legal en la zona de influencia del proyecto Las Bambas.
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