La Municipalidad de Lima, encabezada por el alcalde Jorge Muñoz, informó el pasado 18 de marzo ante la Sesión Extraordinaria de Concejo que el estudio de abogados Foley Hoag recomendó la contratación de Mario Castillo Freyre para la elaboración de un informe legal sobre el arbitraje internacional entre la comuna limeña y la concesionaria Rutas de Lima, que conforma la constructora brasileña Odebrecht.
El jueves pasado, la procuradora pública municipal, Mariela Gonzalez Espinoza, confirmó que el abogado Castillo Freyre fue elegido entre cuatro propuestas de expertos legales, de las cuales tres no fueron aceptadas por un tema de conflicto y del tiempo que tendrán los expertos periciales para desarrollar dichos informes. En el caso de Rutas de Lima, la gestión de Muñoz tiene como plazo el 18 de abril para presentar la contestación de la demanda.
La pretensión de Rutas de Lima con este arbitraje internacional es la aplicación de un mecanismo contractual de compensación económica establecido en el contrato por la no implementación de la unidad de peaje Chillón sentido Lima-Norte. En consecuencia, que se ordene el pago de más de S/142 millones, que es el importe no recaudado por la unidad de peaje Chillón hasta el 31 de octubre del 2018, lo cual se sigue acumulando hasta la fecha. En caso no proceda este pago se solicita como indemnización S/1,295'005,473.58.
Castillo Freyre es uno de los árbitros que viene siendo investigado por el Equipo Especial Lava Jato por presuntamente haber favorecido a Odebrecht a través de laudos arbitrales que habrían permitido a la constructora recibir millonarios pagos del Estado peruano. El abogado fue el presidente y representante de la Sala Comercial de Lima que participó en el laudo arbitral sobre la construcción de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José deSisa, en la región San Martín, por el que la empresa brasileña pretendió hacerse con S/25 millones.
Un informe de opinión de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Lima, fechado el 25 de marzo, dio el visto bueno sobre el requerimiento de la procuraduría pública municipal para la contratación de Castillo Freyre como responsable de la elaboración del informe pericial en temas de daño, tarifarios y financieros para el laudo arbitral con Rutas de Lima.
Entre el 19 y 22 de este mes, el abogado remitió una cotización por sus servicios valorizada en S/750 mil, que incluye todos los impuestos de ley. Otro informe de la Gerencia de Logística Corporativa del municipio capitalino confirmó la contratación de Castillo Freyre por el monto solicitado por el abogado.
Castillo Freyre, el árbitro
El laudo arbitral entre Odebrecht y el gobierno regional de San Martín por la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa es el primero que los brasileños perdieron frente al Estado peruano. La razón de este revés para la constructora se explica en la resolución de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en el que se explica que el tribunal arbitral, presidido por Castillo Freyre, reconoció a favor de los brasileños diversos montos por conceptos derivados de la ejecución de adicionales de obra, sin tener en cuenta que la sumatoria de estos excedía el 15% del valor de la obra, algo que el tribunal debía conocer por descontado.El informe en minoría de la Comisión Lava Jato del Congreso muestra cómo los abogados Mario Castillo Freyre, Alfredo Zapata Velasco (colocado por Odebrecht) y Ricardo Espinoza Rimachi (colocado por el gobierno regional) fueron denunciados por la oficina de asesoría legal de la entidad ejecutora de la obra por desacato y desobediencia a un mandato judicial. Todo empezó cuando en el primer fallo del laudo, los tres árbitros le dieron la razón a la empresa brasileña.
El gobierno regional no se quedó de manos cruzadas y ganó a través de una apelación. Sin embargo, la constructora apeló esta resolución para llevar nuevamente el debate al laudo arbitral, en la Sala Comercial de Lima con los mismos árbitros, quienes, a pesar de la sentencia judicial en contra, le volvieron a dar la razón a Odebrecht.
Cuando la gestión del gobierno regional de San Martín se preparaba para pagar los S/25 millones, la nueva gestión de la región apeló ante la Corte Suprema de Justicia nuevamente y finalmente se declaró “fundado el recurso de anulación de laudo arbitral” el 2 de junio del 2016, confirmándose de esta manera la anulación del primer laudo dictado a favor de Odebrecht en la larga lista de arbitrajes que la brasileña mantiene con el Estado peruano.
(Foto de cabecera: Andina)