Tal como lo habían anunciado, la bancada de Nuevo Perú presentó este lunes una denuncia constitucional contra el congresista no agrupado Roberto Vieira, a quien acusan de infringir tres artículos de la Constitución y de cometer dos presuntos delitos, tras el reportaje que revela que le pidió US$25 mil a su primo para ayudarlo con una sanción impuesta por el Ministerio de la Producción, en donde se jacta de tener poder e influencia.
El documento ingresó a las después de las 11 de esta mañana a la Mesa de Partes del Congreso y se sustenta en las graves imputaciones que le hizo un familiar suyo —el empresario pesquero Guillermo Venegas—.
Según la denuncia constitucional, uno de los artículos de la Carta Magna que Vieira habría infringido es el 39, que se refiere al deber funcional de servicio a la nación, al vulnerar "el principio de lucha contra la corrupción" que recoge esa norma.
También se le acusa de infringir el artículo 44 de la Constitución, que habla de la exigencia constitucional de respetar, cumplir y defender la Carta Magna y el orden jurídico, "al ofrecer interceder por privados en procesos administrativos en curso a cambio de la entrega de dinero".
(Perú21)
"El levantamiento de medidas administrativas o el ofrecimiento de ampliar las licencias de pesca y la cuota de pesca, no forman parte de sus competencias como congresista de la República", agrega en la denuncia formalizada este lunes.
El legislador también habría violado el artículo 93 de la Carta Política del país, que señala que los legisladores representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo. "En el caso del congresista Vieira, a partir de los hechos presentados se concluye que el ejercicio de sus labores parlamentarias, lejos de representar a la Nación en su conjunto, habrían estado orientadas a beneficiarse económicamente del cargo de congresista", dice el texto con el que se pide su desafuero.
En cuanto a los delitos que se le imputan, figura el de patrocinio ilegal, que según el artículo 385 del Código Penal, tiene una pena no mayor de dos años de cárcel. "Los hechos presentados dan cuenta de un presunto ofrecimiento de patrocinar intereses particulares ante Produce", anotan sus denunciantes.
El otro delito que le endilgan es el de tráfico de influencias, que el artículo 400 del Código Penal considera como agravante el hecho de ser funcionario público, ya que Roberto Vieira "habría hecho uso de su cargo para ofrecer cambiar una medida administrativa de Produce haciendo uso de supuestas influencias para lograr que se levante una medida administrativa impuesta".
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