En el Día Mundial del Agua, que se celebra este 22 de marzo, no hay mucho que celebrar en el Perú. Y es que el acceso a agua segura y potable sigue siendo un privilegio. “Estado Tóxico”, un informe de Amnistía Internacional elaborado en 2017, revela una grave crisis de salud en Cuninico (Loreto) y Espinar (Cusco), debido a que sus fuentes de agua están contaminadas con metales tóxicos como cadmio, arsénico, mercurio y plomo. Esta situación, dos años después, lamentablemente persiste, pues no ha sido abordada por las autoridades respectivas con la prioridad y urgencia que requiere.
“En el Día Mundial del Agua no hay mucho que celebrar, pero sí recordar que el derecho a agua segura es un tema pendiente y urgente en Perú. Hemos comprobado que especialmente en zonas rurales y en comunidades donde viven poblaciones indígenas, las fuentes de abastecimiento tradicionales de agua están contaminadas por metales tóxicos y son una vía de contaminación, enfermedad y pobreza. El acceso a agua segura es un derecho básico que debe garantizarse”, dice Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú.
Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que el suministro de agua limpia potable es un elemento fundamental del derecho a la salud, pero en Perú, millones de personas continúan sin acceso a agua potable y segura, y en zonas rurales, la contaminación de ríos y diversas fuentes de agua está generando graves problemas de salud. Entre las causas de esta situación se encuentra el crecimiento de las actividades extractivas formales e informales en el territorio nacional, cuya descarga de efluentes se realiza muchas veces sin tratamiento alguno a diferentes cuencas del país, así como los constantes derrames de petróleo registrados en los últimos años en la Amazonía.
Flor de María Parana, indígena del pueblo kukama Kukamiria, que vive en la comunidad de Cuninico, en Loreto, dice sentir desconfianza de los alimentos y del agua que consume del río. “Esperamos que llueva para guardar agua y poder tomarla y cocinar, pero cuando no llueve tenemos que usar agua del río que está contaminada y afecta nuestra salud. Los niños de la comunidad ahora presentan cólicos, infecciones a la piel, dolores de cabeza, diarrea”, denuncia.
Pese a que se han declarado estados de emergencia sanitaria en esta zona del país, hasta el momento las autoridades no han podido asegurar un sistema que garantice a las personas el derecho al agua potable, respetando sus derechos culturales, ni se han atendido los problemas de salud que presenta la población.
La Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos, conformada en 2017, exige al Estado peruano acelerar la implementación de los “Lineamientos de política sectorial para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas”, aprobados por el Ministerio de Salud en octubre de 2018. Según cifras oficiales, en los últimos años se registran más de 9,000 casos de personas expuestas a metales tóxicos en el país, y se estima que la mayoría de esos casos corresponde a menores de edad.
En opinión de Navarro, las autoridades nacionales, regionales y locales deben implementar planes de emergencia sanitaria en las zonas afectadas, determinar las causas de contaminación de las fuentes de agua para poder enfrentar el problema de manera eficaz e intensificar los esfuerzos para garantizar el acceso a agua potable y segura a las poblaciones afectadas.
Cabe señalar que Naciones Unidas reconoció en 2010 que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, y que todas las personas tienen el derecho, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. El objetivo de desarrollo sostenible 6 (ODS 6) tiene como meta al 2030 garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas en el mundo.
