La Comisión de Ética del Congreso decidió, por unanimidad, aprobar el informe que recomienda suspender por 60 días a la congresista del Frente Amplio María Elena Foronda, por contratar en su despacho a una sentenciada por terrorismo

Los legisladores Milagros Salazar, Freddy Sarmiento (ambos de Fuerza Popular), Mauricio Mulder (Apra), Eloy Narvaez (Alianza para el Progreso) y Úrsula Letona (a quien la bancada fujimorista aún no le acepta su renuncia) votaron a favor de la suspensión por 60 días para Foronda. Hernando Cevallos (Frente Amplio) votó en contra.

Previamente a la votación, se presentaron dos cuestiones previas para variar los días de la suspensión de la parlamentaria de izquierda: Narváez planteó reducir de 60 a 30 días la sanción para la congresista por Áncash, mientras la fujimorista Milagros Salazar propuso elevarla a 120 días. Ambos planteamientos fueron rechazados por los miembros de la comisión.

La personas que la congresista Foronda contrató para que trabaje en su despacho fue Nancy Madrid, acusada de administrar las denominadas "cárceles del pueblo" del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Ella laboró en el Congreso de julio de 2016 a mayo de 2018. Fue asistente y personal de confianza del despacho de la parlamentaria.

Ahora, el informe de la Comisión de Ética será sometido a votación en el Pleno del Congreso, donde se decidirá si se confirma o no la sanción a la parlamentaria del Frente Amplio.

El caso

El 14 de mayo del año pasado, “Panorama”informó que Madrid fue considerada por la Dircote como parte de la cúpula emerretista junto a Péter Cárdenas. Su función en el grupo terrorista fue de "administradora de las cárceles del pueblo", lugares donde estaban los secuestrados y torturados de la organización subersiva. Incluso, la hoy excolaboradora de Foronda, admitió que alquiló un espacio donde funcionó las "cárceles del pueblo" en el juicio que afrontó por el delito de terrorismo. 

Madrid Bonilla dejó el penal de mujeres de Chorrillos en 2007, luego de cumplir su condena. Posteriormente, el Poder Judicial envió su nombre y el de los demás sentenciados por sedición a la Unión Europea para que se considere al MRTA en la lista de agrupaciones terroristas.

Según el informe periodístico, la exasistente personal de Foronda declaró ante el Congreso que no tenía ninguna deuda con el Estado. Sin embargo, esto no sería tan cierto, ya que la Procuraduría Antiterrorismo le embargó su casa como parte del pago de reparación civil. De hecho, aún debe 10 mil soles por los intereses que esta deuda generó.

El pasado 3 de mayo de 2018, en el Congreso de laRepública se aprobó la ley que prohíbe a condenados por terrorismo y apología de ese delito trabajar en el sector público. De acuerdo al registro del Parlamento, Foronda estuvo ausente durante la votación y los cuatro votos en contra que hubo corresponden a otros legisladores de su bancada.  

(Foto de cabecera: Andina)

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