Gino Costa, congresista de la bancada Liberal, se pronunció este jueves en contra de la decisión del Congreso de interpelar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, por la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebercht, al considerar que no tiene responsabilidad en ese proceso.
Según señaló durante el debate de la moción de interpelación, el acuerdo fue suscrito por los fiscales encargados de la investigación del caso Lava Jato, quienes no reciben ningún tipo de disposición del Poder Ejecutivo.
Recordó, además, que en la suscripción del acuerdo intervino el procurador ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, quien, si bien dirige un despacho que depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia, goza de autonomía y no recibe indicaciones del titular del pliego.
“No debemos adelantar opinión ni pedir responsabilidad que no le compete al ministro de justicia”, manifestó en el debate al referirse al ministro Zeballos, quien también integra la bancada liberal.
A juicio de Gino Costa, quien debe pronunciarse sobre este caso es el juez encargo de controlar la legalidad del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht.
“El procurador es autónomo, no recibe indicaciones ni órdenes del ministro de Justicia”.
El Pleno del Congreso acordó hoy por mayoría interpelar al ministro de Justicia para informar a la representación nacional sobre los términos del acta del Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios suscrito con Odebrecht.
La propuesta fue planteada por la congresista Yeni Vilcatoma, quien considera que el acuerdo es lesivo para los intereses del país y otorga beneficios injustificados a la constructora brasileña, cuyos directivos han admitido que pagaron sobornos en Perú para ganar contratos de obras públicas.
No obstante, según la Fiscalía y la Procuraduría, el acuerdo permitirá conocer la verdad sobre los actos de corrupción y la responsabilidad de altas figuras políticas peruanas, entre ellos expresidentes de la República, con la finalidad de sancionarlos, además de garantizar el pago de una reparación civil de más de S/600 millones.
información de andina
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