Arranca la investigación peculado doloso y falsedad ideológica. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha solicitado a los seis legisladores que cobraron por concepto de representación cuando en realidad estaban fuera del país, también con recursos públicos, a fijar el día y la hora en que acudirán a su despacho para ser interrogados por este tema.

Así lo establece la disposición fiscal con la que se abrió la investigación respectiva a los legisladores Karina Beteta, Segundo Tapia, Fredy Sarmiento, César Segura y Mario Mantilla, todos de Fuerza Popular, así como a Jorge Castro (no agrupado). Los congresistas  deberán asistir con un abogado defensor y, si no lo tuvieran, se les asignará uno de oficio.

La titular del Ministerio Público también pidió al Congreso copias de los informes de representación presentados por los investigados e información de la asignación de recursos económicos y la base legal que sustenta este cobro. Además, Ávalos recabará los informes de los viajes al exterior de los seis legisladores involucrados y las autorizaciones y viáticos que recibieron, con sus respectivas justificaciones.

La fiscal solicitará a la Superintendencia Nacional de Migraciones el movimiento migratorio de los investigados durante el año pasado, para cruzar esa información con las fechas en las que se supone hacían actividades de representación en sus regiones. El reportaje de 'Cuarto Poder' que destapó los cobros indebidos también será solicitado Ávalos para incluirlo en la expediente del caso.

Según la denuncia periodística, la congresista Beteta recibió mediante cheque los S/ 2.800 para realizar sus funciones parlamentarias en Huánuco, entre el 26 y 30 de abril del 2018, pero en esas fechas participaba en un evento interparlamentario en Suiza. Su colega de bancada, Segundo Tapia cobró dos cheques por S/ 2.800 cada uno para realizar acciones de representación en Cajamarca en distintas fechas, cuando en realidad estaba en Francia y los Estados Unidos. Los otros 4 congresistas también hicieron efectivo el cobro de representación, pese a estar fuera del país.

Trascendió que el despacho del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, a quien ahora los fujimoristas acusan de maltrato verbal a Karina Beteta por un incidente de octubre de 2018, solicitó información del pago por representación, equivalente a S/ 2.800, que fue aprobado en la gestión de Luis Galarreta.

En declaraciones a los medios, Salaverry descartó que se trata de un mero error administrativo, como alegan los implicados para evadir su responsabilidad, sino que cada congresista debe comunicar cuando es consciente de que algo está mal. "Aquí no ha existido ningún acto de mala fe, ni delito ni falta ética. Conocemos lo que ha pasado con el tema de los viajes al exterior. Es un error administrativo", sostuvo Segundo Tapia, cuyo despacho, el de la segunda vicepresidencia, es el encargado de aprobar estos pagos.

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