El "Clan Orellana", que lideraba el abogado Rodolfo Orellana Rengifo, es uno de los casos más complejos que la ha tocado investigar a la fiscalía, porque se montó un sistema que les permitió actuar impunemente durante 12 años, entre 2006 y 2014, lapso en el que usurparon inmuebles y los revendieron con la complicidad de una red de funcionarios públicos, jueces, fiscales y políticos que eran parte de la mafia, con lo que llegaron a amasar una fortuna de S/ 540 millones.
No en vano la investigación que hizo la Segunda Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio ha durado cuatro años y la titular del caso, Marita Barreto Rivera, acaba solicitar 35 años de cárcel para el cabecilla Rodolfo Orellana y miembros de la cúpula de la banda, entre los que están su hermana Ludith y el coronel de la Policía en retiro Benedicto Jiménez Bacca.
"Vivimos en un Estado muy corrupto, la corrupción es la que ha primado como delito precedente para los actos de lavado de activos del clan Orellana. La corrupción es la que protegió a esta organización criminal durante 12 años, entre 2002 y 2014", contó Barreta en entrevista con Perú21.
Ahora, la acusación fiscal, que consta de 5.500 folios, ya está en el despacho del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria para el inicio del juicio oral contra la organización criminal de Orellana, que contaba además con un brazo legal que estaba a cargo del ex juez supremo Robinson Gonzales, quien era el que facilitaba el ocultamiento del lavado de los inmuebles.
"Este es el caso más complejo de la historia del país, este caso salió de la nada, de la penumbra, y hoy tenemos a personas detenidas, jueces, fiscales, empresarios, funcionarios. Mire hasta dónde llegó la investigación que hay casi 400 personas implicadas".
El llamado "Clan Orellana" tenía una amplia red de testaferros, socios y familiares para obtener grandes sumas de dinero de origen ilícito, producto de la adquisición y venta fraudulenta de inmuebles en unos siete distritos de Lima. Ocultaban las ganancias con diversos actos de conversión y transferencias con el propósito de evitar la incautación y decomiso de sus bienes.
Para la fiscal Barreto, los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana establecieron cuatro modalidades criminales como fuente de financiamiento para la organización:
i) Los negocios inmobiliarios, donde se apoderaban de inmuebles de forma ilícita; ii) la emisión de créditos y cartas fianza falsas a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex); iii) Asesoría legal para conseguir fallos por intermedio de actos de corrupción; y iv) blanqueaban patrimonio criminal mediante lavado de activos.
"Estos delitos provienen de los delitos fuentes, como corrupción de funcionarios, contra la fe pública o falsificación de documentos; estafa, usurpación agravada, estelionato y otros", indicó Barreto a La República, al agregar que la organización de Orellana amasó una fortuna de S/ 540 millones.
A la fiscal Barreto y su equipo no solo les faltó recursos, sino también las mismas leyes fueron la principal traba para el trabajo de la fiscal, según reveló la propio magistrada. "A la comisión Orellana del Congreso le dieron casi S/2 millones para investigar, no era ni de cerca lo que cinco fiscales teníamos para trabajar", dijo en Perú21.
"El nuevo Código Procesal Penal no sirve. Ese sistema nos dice que todo debe ser transparente, pero no es útil para la lucha contra el crimen organizado, ¿quién irá a una audiencia de prisión preventiva cuando sabe que puede ser detenido? El Estado gasta millones de soles luego para capturar a los prófugos. Este es un código que está pensado para delitos de bagatela".
La magistrada precisó que su despacho aún investiga, entre otros, al excongresista Heriberto Benítez, quien está incluido en otras nueve indagaciones en curso sobre el mismo caso.
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