La organización criminal que operaba en Chiclayo y que cobraba coimas por la adjudicación de obras públicas contaba con el apoyo de algunos congresistas de la Comisión de Presupuesto, reveló el fiscal Juan Carrasco, titular de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado.
Según dijo en Canal N, este hecho ha quedado en evidencia gracias a la información recogida durante las investigaciones, a las versiones de colaboradores y testigos con reserva de identidad, y al testimonio del propio exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, actualmente detenido por presuntamente liderar la organización criminal los Temerarios del Crimen.
Carrasco explicó que el modus operandi era el siguiente: en la Comisión de Presupuesto del Congreso “se jugaban” las obras, es decir, se determinaba cuál debía tener prioridad, y el parlamentario que efectuaba esa gestión cobraba una coima.
“De acuerdo con la versión del propio burgomaestre (David Cornejo) el 5% de la obra adjudicada era para el alcalde y el 5% para el congresista”, comentó.
Añadió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibe hasta el 9 de marzo todas las propuestas para obras, por lo cual los alcaldes y gobernadores acuden al Congreso buscando que algún legislador los represente y gestione ante la citada cartera la ejecución de los proyectos.
Según dijo, uno de los parlamentarios que estaría involucrado en esta trama de corrupción sería Héctor Becerril, de Fuerza Popular, quien tendría responsabilidad en delitos cometidos en tres proyectos en Chiclayo.
Aseguró que en los meses de setiembre a noviembre la Comisión de Presupuesto discute cuál de los proyectos debe incluirse y cuál no.
Precisó, además, que la adjudicación de las obras es el primer paso en esta trama de corrupción, pues en la fase de ejecución también se registran coimas con la finalidad de lograr que la entidad pública contratante cumpla con pagar a la empresa ejecutora.
“Las organizaciones criminales no solo se desplegaban en provincias, sino que tenían otro aparato más arriba en su estructura y hemos descubierto (…) que hay un aparato político y económico que los apoya para que puedan subsistir (…), descubrimos luego que las organizaciones criminales reciben apoyo desde la ciudad de Lima, muchas veces, a través de algunos funcionarios del Congreso, también del MTC y que había toda una trama de corrupción para la adjudicación de obras”, puntualizó.
El fiscal Carrasco comentó que esta situación no ocurre solo en Chiclayo, sino en todo el territorio nacional. No obstante, destacó que en esa ciudad hay un equipo de fiscales comprometidos con la lucha contra la corrupción y decididos a no permitir el archivo de los casos indagados.
Por la importante labor de investigación que emprenden, Carrasco consideró necesario que el Ejecutivo aumente el presupuesto del Ministerio Público para luchar contra la criminalidad organizada.
(Con información de Andina)
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