El fiscal José Domingo Pérez llegó este lunes a la sede principal de Telefónica en Lima, tras la denuncia de una analista de esa empresa de capitales españoles, que afirmó que se le negó información sobre Keiko Fujimori al citado magistrado, bajo el pretexto de que no guardaban datos que superaran los tres años de antigüedad, pero —dijo— ni siquiera realizaron la búsqueda.
Según se supo, la compañía, que ha negado la versión de su empleada, colabora con la diligencia fiscal en sus instalaciones ubicadas en el distrito de La Victoria. En tanto, el objetivo de Pérez sería revisar la información y la documentación que podría tener Telefónica y que pueda ser pertinente para las investigaciones contra la jefa de Fuerza Popular por lavado de aportes desconocidos para su campaña.
Pérez ingresó al local con agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía, y ha solicitado que se exhiba la documentación física y digital que haya de los registros de llamadas telefónicas de la dos veces candidata presidencial.
"La empresa ha dado la respuesta correspondiente, el Ministerio Público está verificando la respuesta, se encuentra personal policial técnico conjuntamente con personal fiscal que se encargará de verificar aspectos técnicos correspondientes", declaró a la prensa el magistrado que encabezó la diligencia.
La denunciante, Silvana Castagnola, es la encargada de responder los pedidos del Ministerio Público sobre el levantamiento del secreto de comunicaciones por una orden judicial, y como parte de su trabajo debía atender el requerimiento del fiscal Pérez sobre el tráfico de llamadas de Keiko Fujimori, hoy bajo prisión preventiva en el marco de la investigada por lavado de activos en su contra.
El magistrado formuló el pedido a Telefónica en abril del año pasado, pero ante la primera negativa, Pérez Gómez insistió, y se le volvió a decir que no tenían esa información sobre la investigada Fujimori.
"Yo he respondido indicando que no hay información de tráfico de llamadas para el periodo requerido sin siquiera haber hecho la búsqueda. Me limité a poner el párrafo que la empresa me obliga, que si el periodo supera los tres años no hay información, pero no se buscó", dijo Castagnola en el programa Punto Final.
La analista también contó que atendió un pedido de otro fiscal sobre un caso civil; sin embargo, contestó que, por superarse los tres años de antigüedad, ya no había registro de llamadas. Luego descubrió que esa información sí se estaba aún en los servidores de la empresa, pero al intentar responder a la solicitud, fue obligada a borrarla.
Castagnola agregó su jefe, Aarón Cisneros, le comentó que si accedían al pedido también tendrían que hacer lo mismo con el del fiscal Pérez sobre Keiko Fujimori, el cual acababan de rechazar.
Responde Telefónica
A través de un comunicado, la empresa española rechazó que se haya negado u ocultado información a fiscal Pérez Gómez referida a Keiko Fujimori.
"Solo en el año 2018 cumplió con atender alrededor de 13,000 requerimientos de registros de llamadas de los órganos competentes a nivel nacional", manifestó la compañía telefónica, al remarcar que no se borró información sobre reportes de llamadas "como falsamente" se denunció en un programa de TV.
Telefónica aseguró que cumple con lo indicado en el artículo 16 de la Ley 27336 (Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de Osiptel), la que precisa que todos los operadores de telecomunicaciones deben conservar el registro por un período de al menos tres años después de originadas.
Según la empresa, a inicios del 2018 un equipo especial de Telefónico empezó a trabajar en una nueva solución tecnológica llamada Antarki, para responder de forma más eficaz y célere a los requerimientos como los señalados. Agregó que hasta mediados de noviembre pasado esa plataforma se encontraba en la fase piloto; es decir, en etapa de validación previa a su lanzamiento.
"Como consecuencia de ello, la información que pudiera aparecer como resultado de búsquedas realizadas en esa fase piloto no fueron consideradas en tanto no habían sido validadas para garantizar su idoneidad e integridad", alegó Telefónica.
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