Hace exactamente un año, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió otorgar "indulto humanitario" a Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción. De inmediato, se relacionó esta decisión presidencial con los votos que Kenji Fujimori, hijo del sentenciado, promovió para evitar que Kuczynski fuera vacado en el Congreso. La mayoría de peruanos consideró que se trataba de un negociado político y no de una gracia presidencial con motivos humanitarios. Además, tras los cuestionamientos, Fujimori se internó en la Clínica Centenario como para querer demostrar que de verdad estaba delicado de salud. Sin embargo, el video que grabó desde su camilla usando un smartphone mostró detalles que dejaron al descubierto que no estaba en cuidados intensivos.
Esa misma estrategia la ha venido usando cada vez que ha aumentado la posibilidad de volver a prisión para cumplir sus 25 años de condena. El pasado 3 de octubre, el Poder Judicial (PJ) anuló el indulto que se le otorgó y ordenó que vuelva a prisión. Sin embargo, Fujimori ha permanecido en la clínica privada con el evidente objetivo de evadir a la justicia, mientras se resuelve una apelación.
Tras la anulación del indulto, el fujimorismo no tuvo ninguna vergüenza para intentar que su líder siga libre. La congresista Yeni Vilcatoma presentó un proyecto de ley dirigido a beneficiar al expresidente. Su propuesta era la liberación anticipada de los reos mayores de 75 años. Lo que no esperaban los de Fuerza Popular (FP) era que el presidente Martín Vizcarra se plantara firme y no promulgara esa ley con nombre propio.
Han pasado casi tres meses desde la anulación del indulto y Fujimori no vuelve a prisión. Su salud no parece tan grave como para permanecer en una clínica privada (y no en una pública como el caso de otros reclusos). Un video difundido en redes sociales muestra al expresidente caminando como si nada mientras veía la audiencia en la que el PJ ordenó 36 meses de prisión preventiva para su hija Keiko Fujimori, acusada de lavar dinero que recibió de la corrupta empresa brasileña Odebrecht y que utilizó para su campaña política.
Recordemos que Fujimori solo ha cumplido 12 de los 25 años de cárcel que la justicia le ordenó por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Además, quedan pendientes otros casos como la matanza de Pativilca y las esterilizaciones forzadas contra miles de mujeres campesinas.
Lo que le queda es esperar a Alberto Fujimori la resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que debe decidir sobre su apelación a la anulación del indulto. Esperemos que la justicia siga en la misma línea de evitar impunidad.
[Foto de portada: EFE]
