En abril pasado Sudamérica, especialmente Colombia, tuvo una feliz noticia: la Corte Suprema de Justicia de ese país reconoció a la Amazonía colombiana como una “entidad sujeto de derechos”, esto es le otorgó los mismos derechos legales que a un ser humano.
“Está claro que, a pesar de los numerosos compromisos internacionales, el Estado colombiano no ha abordado eficientemente el problema de la deforestación en el Amazonas”, sentenció la Corte Suprema, luego de que un grupo de 25 jóvenes de entre 7 y 26 años de edad entablaron una demanda contra el gobierno en colombiano para exigir que se proteja su derecho a un medio ambiente saludable.
En opinión del jurista colombiano César Rodríguez Garavito, director y cofundador de Dejusticia (entidad que respaldó la iniciativa ciudadana), una novedad de este caso es que "reconocer que la Amazonía tiene derechos (por ejemplo, a la supervivencia y la integridad) es decir que todos los ciudadanos podemos exigir su protección, incluso ante los tribunales, sin importar si somos habitantes de la región. Es más: no hace falta mostrar que la deforestación afecta los derechos de seres humanos porque, en sí misma, ella viola los derechos de una entidad (la Amazonía) que los tiene".
Sin duda un importante paso en momentos en los cuales el planeta se calienta más y requiere -entre otras acciones inmediatas- de la protección de la Amazonía, uno de los principales biomas del mundo.
Este lunes 10 de diciembre se cumplen 70 años desde que la Asamblea General de la Naciones Unidas proclamara la Declaración Universal de Derechos Humanos, que obliga a los Estados garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas: salud, educación, vivienda, prestaciones de desempleo, entre otras. Por un lado, los 30 artículos que la conforman no suelen respetarse; por el otro, en 1948 no se contempló otros derechos: a la energía, al agua limpia, a la igualdad de la mujer, a un ambiente saludable, por ejemplo.
Afortunadamente durante los últimos años los derechos ambientales son parte de declaraciones globales. Así, el tema ambiental está considerado en seis de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Y es que el cuidado del ambiente y el uso eficiente de los recursos naturales son condiciones fundamentales en nuestro tránsito hacia el desarrollo sostenible. Más de 100 países ya han reconocido el derecho a un ambiente saludable en sus constituciones
Por otro lado, este año John H. Knox, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el ambiente, pronunció un fuerte discurso ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra en el que instó a la ONU a consagrar un ambiente sano como un derecho humano: “Los Estados tienen que garantizar un entorno seguro, limpio, saludable y sostenible para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, y estos a su vez deben respetarse, protegerse y cumplirse, a fin de garantizar un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible”, dijo.
Perú podría asumir una decisión semejante a la de Colombia. Tan solo un ejemplo. En nuestra Amazonía hay conflictos socioambientales debido a la contaminación de cuencas por la exploración petrolera durante las últimas cuatro décadas: muchas comunidades nativas no tienen acceso al agua potable (derecho humano al agua), o las aguas de sus ríos están contaminadas por derrames petroleros. Son ciudadanas y ciudadanos del Perú, pero sus derechos son vulnerados. (Y aquí pecamos de no hablar de la criminalización de sus protestas.)
No basta con ejercer conductas saludables y solidarias, necesitamos cambios radicales en las estructuras políticas para que los derechos humanos estén amparados, protegidos y desarrollados. Es imprescindible preservar nuestros suelos, manglares, bosques, selvas, glaciares, andes y los recursos existentes en las ciudades, con el propósito de lograr efectiva protección del derecho humano a un ambiente sano. En Perú hay muchos pendientes con los derechos humanos de las sociedades originarias que viven en relación permanente con la naturaleza, protegiéndola. Ponerse al día no es tarea solamente de gobiernos, sino también de la ciudadanía.
