La constructora brasileña Odebrecht emitió un comunicado este domingo en el que saludó públicamente el acuerdo de colaboración que suscribió con el Ministerio Público de Perú y la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato. Uno de los detalles más relevantes del acuerdo, al que tuvo acceso El Comercio, es el pago de S/610 millones en 15 cuotas anuales como parte de una reparación civil al Estado peruano. 

La primera, correspondiente al 2019, es de S/80 millones y se pagará con el dinero producto de la venta de la Empresa de Generación Huallaga (concesión de la Hidroeléctrica Chaglla). Asimismo, Odebrecht se compromete a entregar todas las pruebas de corrupción y lavado de activos que comprometan a funcionarios públicos, así como a las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con las que se consorció para los actos de corrupción.

En entrevista a El Comercio, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del mencionado equipo fiscal Lava Jato, explicó que cualquier tipo de acuerdo de colaboración eficaz, uno tiene que en tomar una determinación respecto a los beneficios premiales que están orientados al peso específico de la información que entrega la empresa. "Entonces, lo que uno hace es valorar la información que te sirve para criminalizar a otros", manifestó.

"No es un marco de impunidad. Es un reconocimiento de culpabilidad. No solamente eso, sino que hay una obligación de un pago de reparación civil", agregó Vela respecto al acuerdo firmado con los brasileños.  

Lo cierto es que para la constructora brasileña este acuerdo es “el marco más importante de un amplio y profundo proceso de colaboración con las autoridades del Perú”, el mismo que se inició “hace exactamente dos años, a través del cual Odebrecht reconoció responsabilidad, pidió disculpas a la sociedad y se dispuso a reparar civilmente al Estado”. 

En ese mismo documento, Odebrecht especifica que se sometió a una reestructuración para implementar un “riguroso sistema de conformidad de nivel mundial”. Con ello, la compañía busca demostrar con acciones concretas “su compromiso por actuar de forma ética, íntegra y transparente”. 

“El acuerdo firmado, conforme a la legislación vigente desde el 12 de marzo del 2018, simboliza un nuevo momento, donde la justicia, empresas y organismos estatales cuentan con un modelo acorde a las buenas prácticas internacionales de colaboración”, se lee en el pronunciamiento. 

“En el caso específico de las investigaciones en curso en Perú, objeto de la colaboración de Odebrecht y de sus ex ejecutivos en el país, el acuerdo garantizará también la seguridad jurídica de los trabajos de investigación realizados hasta la fecha, así como la continuidad de la atención al Ministerio Público y a la ciudadanía”, añadió.

Odebrecht también reiteró su compromiso con el pago de una reparación civil en los términos acordados con la procuraduría pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “sin que ello perjudique la responsabilidad asumida con el pago de sus impuestos, trabajadores, proveedores y acreedores vinculados a sus obras e inversiones en el país”.

(Foto de cabecera: Andina)

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