El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió a las comisiones de Justicia y Constitución del Congreso debatir con sentido de urgencia las leyes que se necesitan para poner en funcionamiento la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobada ayer en referéndum. 

Si se discute “sin prisa, pero a buen ritmo” en estas comisiones a finales de enero se podría convocar a una legislatura extraordinaria del Congreso para debatir lo que ha sido dictaminado en comisiones.

“No podemos saltar etapas, debemos pasar por la Comisión de Justicia, de Constitución con sentido de urgencia, sin prisa, pero a buen ritmo, y creo que en tres a cuatro semanas se puede debatir”.

Para el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se requiere aprobar la ley orgánica de la Comisión Especial que elegirá a los integrantes de este organismo, (que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ) y la ley orgánica de la JNJ.

Gutiérrez indicó que el debate de estos temas debe ser técnico y sosegado, y que desde la Comisión Especial se presentarán iniciativas legislativas, como seguramente lo harán también los parlamentarios.

Precisó que la ley orgánica de la Comisión Especial definirá cómo serán elegidos los dos rectores de las universidades públicas y privadas que integrarán la Comisión Especial que designará a los integrantes de la JNJ.

La Comisión Especial estará integrada por el defensor del Pueblo, que la preside; el presidente del Poder Judicial; el fiscal de la Nación; el presidente del Tribunal Constitucional; el contralor y dos rectores elegidos por las universidades públicas y privadas licenciadas y con más de 50 años de antigüedad.

“No se sabe cómo serán elegidos (los dos rectores) porque no hay la ley orgánica de la Comisión Especial, por eso hay que apurar, con la debida calma, para que haya un debate técnico y transparente”.

El defensor del Pueblo, asimismo, indicó que tras el referéndum entramos en una etapa donde debe haber diálogo, porque el juez es un funcionario público importante que tiene que ver con los tribunales, la libertad, la seguridad y la propiedad de los ciudadanos.


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