Tras el anuncio del presidente del Martín Vizcarra, de que observará la ley de financiamiento ilegal de partidos políticos aprobada la noche del miércoles por el Pleno del Congreso, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, calificó de "torpeza" la decisión que tomó el Parlamento, con lo que vuelve la tensión entre ambos poderes del Estado.

El mandatario indicó que esta iniciativa afecta la lucha contra la corrupción. "¿A quién o a quiénes se busca beneficiar con esta norma aprobada por el Congreso? ¿Cuál es la intención de aprobar una norma de este tipo que, además, tiene que ver con una de las preguntas del referéndum, a solo tres días de realizarse la consulta popular?", cuestionó el jefe de Estado el jueves en su discurso en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad.

El ministro Zeballos cuestionó que se haya aprobado la iniciativa legislativa a 72 horas del referéndum de este domingo, en que en se consultará, precisamente, sobre el financiamiento ilegal de partidos políticos. Y ya la semana pasada, en la Comisión de Constitución, los fujimoristas, con el respaldo de sus socios apristas, habían aprobado, sin debate ni análisis, el dictamen de la norma que, según varios expertos, tiene vacíos y favorecería a los investigados por lavado de activos, como Keiko Fujimori y Alan García.

"Perdónenme el adjetivo, autoridades, pero es torpeza, porque el financiamiento de las organizaciones está sujeta a una consulta este domingo 9", dijo el ministro en su participación en el seminario 'Referéndum y la reforma constitucional en debate', que se desarrolló esta tarde en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

"¿Cuánto costaba esperar 72 horas? El mínimo de coherencia, de prudencia y de responsabilidad", insistió Zeballos. "No voy a adentrar más en otros calificativos porque creo que esta oportunidad que nos convoca no fue para ello", añadió en el foro académico.

El ministro de Justicia consideró que si bien el Ejecutivo impulsa el referéndum, "no lo está direccionando" los votos, pues los ciudadanos decidirán democráticamente su postura ante las reformas planteadas. "Serán los ciudadanos que, de manera discrecional y autónoma, puedan determinar cuál es el destino de nuestro país, a su criterio", refirió.

Ley con nombres propios

Pero más que una "torpeza" o una "imprudencia", lo que ha hecho el Congreso es establecer un tipo penal con menores penas que el lavado de activos, y que los actuales políticos investigados por haber recibido financiamiento ilícito para sus campañas se podrían acoger a esta ley a través de la retroactividad penal benigna.

"Ellos (los políticos investigados) podrían alegar que la financiación ilegal no era delito hasta el 2018 y, aun si fuera delito en el pasado, se aplicaría la nueva legislación y eso implicaría la pena atenuada", advirtió en El Comercio el penalista Carlos Caro.

La pena máxima de cárcel efectiva por lavado de activos llega hasta los 20 años con la actual normativa, mientras que para el financiamiento ilegal llegará a 15 años si es que el valor del dinero sucio supera a las 500 unidades impositivas tributarias (UIT); o sea, más más de S/2 millones.

Así, por ejemplo, investigados por financiamiento ilegal como Keiko Fujimori u Ollanta Humala, podrían decir que recibieron menos dinero. "Probatoriamente, el fiscal tendría que demostrar la cantidad exacta, ahí empieza el resquebrajamiento", advirtió el también penalista Vladimir Padilla.

DATO

El referéndum de este domingo consultará a los ciudadanos sobre cuatro temas: la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); la no reelección inmediata de congresistas; el financiamiento privado a los partidos; y que el Parlamento sea otra vez bicameral.

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