Las diferencias entre el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y su bancada, Fuerza Popular, son cada vez más notorias. El último capítulo ha sido la polémica ley sobre el financiamiento ilícito de partidos políticos, que el Pleno del Legislativo aprobó el miércoles último, a la que tildó de nefasta y anunció que no la firmará.

El congresista fujimorista Mario Mantilla admitió que el pronunciamiento del titular del Parlamento deja "mal parada" a la bancada Fuerza Popular—a la que Salaverry pidió licencia—, grupo que impulsó la aprobación de esa norma que afecta la lucha contra la corrupción, según dijo el jefe de Estado Martín Vizcarra al anunciar que la observará.

"Definitivamente deja mal parada a nuestra bancada", admitió Mantilla, al comentar el tuit de Salaverry publicado este viernes, tras lo cual varios de sus colegas han solicitado una reunión urgente de bancada para evaluar este tema, aunque evitó referirse a algún tipo de sanción contra Salaverry, quien dijo que pondrá a votación el pedido de reconsideración presentado por Nuevo Perú respecto a la votación del referido dictamen.

"No hemos tomado ninguna decisión. Vamos a ver qué dice la bancada", comentó el legislador fujimorista, quien no obstante dijo que estos temas hay que tratarlos con urgencia.

A su turno, la congresista de Fuerza Popular Karina Beteta se mostró sorprendida por las expresiones de Salaverry, al señalar que no las comprendía, porque él fue uno de los que respaldó la aprobación de la mencionada ley. "Me extraña su cambio de actitud", anotó en Canal N.

"Me he quedado sorprendida con lo que dijo (Daniel Salaverry). Rechazo que sea una ley nefasta. Podemos discrepar, que estoy de acuerdo o no, que se pueden hacer mejoras. Eso es lo correcto, pero de ahí a tener calificaciones me parece equivocado, más aún cuando antes estuvo de acuerdo".

Su colega de bancada César Segura consideró que lo que es "nefasto" es la posición del presidente del Congreso, porque va contra la institución. "Él es congresista, está yendo en contra mal o bien de una votación que ya existió", anotó, al subrayar que Salaverry debería él repensar lo que dijo en su tuit.

Pero lo cierto es que la referida norma aprobada por el Congreso crea un tipo penal con menores penas que el lavado de activos, a la que políticos bajo sospecha por haber recibido financiamiento ilícito para sus campañas se podrían acoger a través de la retroactividad penal benigna, según alertaron penalistas como Carlos Caro, quien explicó que los investigados podrían alegar que la financiación ilegal no era delito hasta el 2018, y que aun si lo fuera, se aplicaría la nueva ley y eso implicaría la pena atenuada. 

La pena máxima de cárcel efectiva por lavado de activos llega hasta los 20 años con la actual normativa, mientras que para el financiamiento ilegal llegará a 15 años si es que el valor del dinero sucio supera a las 500 unidades impositivas tributarias (UIT); o sea, más más de S/2 millones. Así, por ejemplo, Keiko Fujimori u Ollanta Humala podrían decir, eventualmente, que recibieron menos dinero de Odebrecht, alertó el también penalista Vladimir Padilla. "Probatoriamente, el fiscal tendría que demostrar la cantidad exacta, ahí empieza el resquebrajamiento (de la investigación" , anotó.

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