En un acto sin precedente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este lunes a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el Palacio Nacional, símbolo de los nuevos tiempos en México, y firmó delante de ellos el decreto que se crea una comisión de la verdad para este caso.
Así, AMLO acentúa las distancias con su antecesor en forma y fondo. Por ello, a diferencia de Peña Nieto, López Obrador puso a las víctimas como prioridad de su gobierno. Los familiares de los estudiantes colocaron sus pancartas en la misma mesa donde estaban sentado el presidente y los secretarios de Defensa y Marina: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos".
Luego de leerse los detalles del decreto y de que una una de las madres de los 43 tomara la palabra, llegó el turno del presidente. "Estamos empezando a cumplir", dijo López Obrador.
"Con este decreto se ordena al Gobierno a que preste todo el apoyo a la comisión para llegar a la verdad. Les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro".
La comisión, que funcionará desde esta semana, estará integrada por funcionarios de alto nivel de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, además de representantes de familiares de los 43 y organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Su tarea principal será la de supervisar la investigación oficial y tratar de llegar de una vez por todas a una verdad aceptable sobre qué fue lo pasó realmente con los estudiantes desaparecidos desde aquel fatídico 26 de septiembre de 2014, explicó el flamante titular de la comisión, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación.
"Debemos entender que esclarecer el caso es el inicio de una política que coloca en el centro a las víctimas", dijo Encinas. "Conocer los hechos fortalecerá a las instituciones en vez de debilitarlas. Como sociedad tenemos derechos a la verdad y justicia", subrayó.
El decreto prevé que la fiscalía cree una oficina especial para investigar el caso. Para ello acumularán las pesquisas de sus antecesores, pero sobre todo los resultados del informe que presentó la semana pasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH.
La investigación oficial está parada. Lo último que se supo fue de la detención de uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43, pero quedó en nada cuando la CNDH demostró que se habían confundido de persona. Así, Erick Sandoval, detenido en marzo pasado, permaneció en prisión 10 meses por culpa de la negligencia de la fiscalía.
Este caso puso en jaque el Gobierno, entonces en manos del PRI. Valiéndose de testimonios obtenidos mediante tortura, como lo probarían luego Naciones Unidas y la CNDH, la fiscalía federal presentó una versión de la desaparición cuestionada desde el principio, basada en el asesinato y la cremación de los estudiantes en un basurero. Ni las familias ni los investigadores que se acercaron al caso de manera independiente creyeron esa versión oficial.
Ahora, la nueva comisión de la verdad tratará superar la desconfianza entre las familias y el Gobierno. "Este es un asunto de estado, es un asunto que interesa mucho a todos los mexicanos", dijo López Obrador.
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