El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)  denegó la renovación de dos contratos de concesión para el servicio de telefonía fija y de larga distancia que caducaban el 2027 a Telefónica. ¿La razón? De acuerdo con la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, existen elementos "firmes" y basados en los los contratos de concesión suscritos entre el Estado peruano y esta compañía de capitales españoles hace 24 años.

La funcionaria precisó en Gestión que lo que más peso tuvo fue que la empresa superó el umbral de incumplimientos establecidos por los propios contratos, por lo que el Estado ahora tenía la prerrogativa de negarle renovación del plazo pedido por la empresa, que solicitó la extensión de los contratos hasta el 2032.

"Cuando la actual gestión asume la administración (del MTC) se encuentra con que el 2013 la empresa Telefónica había presentado su solicitud (para la renovación de ambos contratos) pero no se habían resuelto por lo que retomamos el procedimiento según lo establecido en el contrato, por lo que pedimos informes de evaluación al Osiptel y a su vez hicimos otras evaluaciones por nuestro lado, con lo cual tuvimos los elementos de convicción suficientes para declarar que Telefónica cruzó el umbral del 80% de incumplimientos –como lo establece el propio contrato– por lo que no procede la renovación del plazo solicitado para ambos contratos".

Según informes del regulador Osiptel, Telefónica del Perú tiene 1.362 sanciones de carácter firme, impuestas entre el 01 enero de 2009 y 27 junio de 2014, que fue el periodo que se evaluó, de las cuales 777 fueron de normativa sectorial y 585 de leyes de Perú.

En ese sentido, Nakagawa negó que se hayan "producido cambios a las reglas del juego que afectarían los futuros procesos de renovación de los contratos de concesión de la industria", como lo aseguró este martes Telefónica a través de un comunicado.

"Ello no es cierto ya que no ha habido ningún cambio a las reglas del juego porque la metodología para la renovación de los contratos de concesión fue aprobada a través de un Decreto Supremo emitido el 2010, que no ha sido impugnado, y que incluso fue modificada a inicios de este año, en la que se le dio más flexibilidad", dijo la viceministra.

Nakagawa aludía al decreto del 2010, que señala que si la empresa pasaba el 40% promedio de penalidad, no se le renovaba el contrato; la norma se modificó el 2018 y se precisó que si el rango de penalidades promedio estaba entre el 40% y 80%, el Estado tendría la facultad de evaluar si le renueva o no el contrato, siempre que se comprometa con indicadores de calidad, mayor cobertura, entre otros beneficios.

"Pero en el caso de Telefónica ya ni siquiera está en ese rango, esta mucho más. Lo que ha habido es un efecto de embalse dado que Telefónica durante otros periodos cuestionó judicialmente muchas de las sanciones que se le imponían, entonces llega un momento en el cual no hay plazo que no se venza, (por lo que) se emiten las decisiones, con lo cual ha tenido un alto grado de sanciones acumuladas. Eso lo que ha pasado".

La viceministra explicó además que la metodología usada para este denegación, que ahora cuestiona la empresa, es la misma que se utilizó para negociar otros contratos con Telefónica Móviles, de Telefónica Multimedia y otras empresas, como Americatel. "Ninguna de estas renovaciones se impugnó, ni tampoco la metodología usada ha sido cuestionada a nivel del Poder Judicial. No obstante, la empresa está en su derecho de reclamar y nosotros tenemos la documentación  para contestar", refirió.