Si de protegerse y proteger a sus jefes se trata, ya ni las formas guardan. El martes, la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Rosa Bartra, aprobó sin un debate previo ni análisis, un dictamen sobre financiamiento ilícito de partidos, pero los vacíos y la ambigüedad en el texto terminarían favoreciendo a los investigados por lavado de activos, advirtieron expertos.

Por ello no sorprende que el dictamen se haya aprobado solo con votos de Fuerza Popular y el Apra, cuyos líderes, Keiko Fujimori y Alan García, precisamente están siendo investigados en la fiscalía por lavado de dinero. La primera está bajo prisión preventiva y el segundo se esconde hace más de una semana en la residencia del embajador de Uruguay en Lima a la espera de que ese país resuelva su pedido de asilo diplomático.

Pero además este 'dictamen exprés' se aprobó sin respetar el mismo Reglamento  del Congreso, que establece que los borradores de dictámenes se deben entregar con un plazo de 24 horas de anticipación. Pero en este caso no se cumplió, pese a los reclamos del resto de integrantes de la comisión que no eran fujiapristas.

"En tiempo récord aprueban dictamen sobre financiamiento de partidos. Buscarían modificar ley de lavado de activos para beneficiar a políticos investigados por este delito", cuestionó el legislador no agrupado Gino Costa.

Así, Bartra sometió a votación el texto del dictamen sin debate y se aprobó con los votos a favor del aprista Javier Velásquez y los fujimoristas Miguel Torres, Héctor Becerril, Úrsula Letona, Gilmer Trujillo, Luis Galarreta, Milagros Takayama y Mario Mantilla, informó La República. Solo Gino Costa y Marisa Glave votaron en contra, mientras que el oficialista Gilbert Violeta se abstuvo.

Según se supo, el objetivo del fujimorismo y el Apra es llevar esta misma semana el dictamen al Pleno del Congreso, como ya lo deslizaron en la sesión de la Comisión de Constitución.

Buscan impunidad

El Ministerio de Justicia ya había advertido en un informe que un dictamen similar aprobado por la Comisión de Justicia podría tener "impacto en las investigaciones en curso contra organizaciones políticas". En caso del dictamen de la Comisión de Constitución, la legisladora Glave alertó que también tiene términos vinculados con el delito de lavado de activos. "El fraseo del inciso b del agravante (del dictamen) todavía tiene vinculación con el delito de lavado de activos. Es un error incluirlo", dijo.

El jefe de IDEA Internacional en Perú, Percy Medina, subrayó que el dictamen no describe en el tipo base qué es financiamiento ilícito. "Por lo tanto, queda como un tipo demasiado abierto. Los agravantes tampoco son precisos, lo que podría traer problemas para la aplicación de la norma […] Al ser impreciso, podría haber zonas grises entre este delito y otros como el lavado [de activos]", sostuvo.

El abogado penalista Carlos Caro alertó que el texto final aprobado en el grupo que dirige Bartra podría favorecer a políticos investigados por lavado de activos, debido a que el texto contempla "una generalidad" en la frase "financiamiento de carácter ilícito", lo cual podría llevar a confundir el financiamiento político ilícito con el tipo penal de lavado de activos, que ya el Código Penal regula. Incluso, alertó Caro, el dictamen establece penas más benignas para esos casos. La pena base va de 4 a 8 años de cárcel, y con agravante contempla de 10 a 15 años y de 120 a 350 días multa.

"Si las penas son más bajas que las de lavado, se van a aplicar estas penas que son más favorables al reo. En consecuencia, este delito de financiación ilegal que tiene penas más bajas va a ser considerado como delito de lavado atenuado", dijo en El Comercio, por lo que insistió que, con mayor razón, el dictamen debe precisar claramente el delito de financiación ilegal del delito de lavado.

Caro subrayó que si el Pleno del Congreso aprueba el texto de la norma tal como está, en aplicación del principio de retroactividad benigna, se beneficiaría a todos los políticos que son investigados por lavado de activos. 

Además, el texto del dictamen no incluyó ninguna disposición para que la fiscalía inicie investigaciones solo teniendo como base el informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como sucede ahora.  

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