Escribe: Mariana Rodríguez Pareja, abogada defensora de derechos humanos*
Hace algunas semanas, el dos veces presidente del Perú, Alan García, solicitó asilo político en la Embajada de la República Oriental del Uruguay en Lima, aduciendo una supuesta "persecución" y un "golpe de Estado" por parte de la justicia, a raíz de las investigaciones fiscales en torno a la corrupción durante su segunda presidencia.
No es novedad que el caso Odebrecht está poniendo a la clase política de América Latina en jaque. El caso del Perú es quizá el más evidente con cuatro de sus últimos presidentes constitucionales -García, Toledo, Humala, Kuczynski- implicados en investigaciones sobre corrupción. Pero es García quien ha internacionalizado lo que, hasta ahora, era una investigación de la justicia peruana.
En primer lugar, hay que dejar claro que -tal como reza el Pacto de San José de Costa Rica- "[t]oda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales". Sin embargo, a todas las luces, al expresidente García no se lo investiga por delitos políticos o comunes que haya cometido para lograr un fin político, sino por enriquecimiento ilícito: un vulgar delito con fines perfectamente de ganancia individual.
A Alan García se lo investiga por delitos comunes y no políticos. La calidad de político del investigado no hace político el delito.
El ingreso de García a la residencia del embajador oriental en Lima ocurre horas después de recibir una orden judicial de impedimento de salida del país. Aunque García se había allanado a la orden, esa misma noche ingresó a la residencia diplomática.
El Uruguay -como Estado parte de la Convención Interamericana de Asilo Político- debe cumplir con su obligación de no dar lugar a un pedido de asilo político por parte de un individuo que se encuentre "inculpado o procesado en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes". A Alan García se lo investiga por delitos comunes y no políticos. La calidad de político del investigado no hace político el delito.
La corrupción es un mal generalizado en América Latina y resulta llamativo que ante una lucha frontal llevada adelante por el Ministerio Público peruano -un órgano independiente del poder político- quienes deben y tienen la obligación moral y política de responder eludan a la justicia repitiendo conductas pasadas.
Debe tenerse en cuenta que las persistentes acusaciones de corrupción son solo una parte de la controversia sobre Alan García.
En efecto, en 1990, García Pérez culminó su primera presidencia dejando a un país devastado, sumergido en una grave crisis económica, social y política. Su respuesta fue eludir a la justicia y dar largas esperando a que los crímenes prescriban. En ese entonces, la dictadura de Fujimori fue la gran excusa para alegar que no tendría un juicio justo en el Perú y obtener asilo colombiano. Hoy, esa excusa no existe: ¿qué persecución podría hacer un gobierno débil, el del señor Martín Vizcarra, cuyo primer presidente, el señor Pedro Pablo Kuczynski fue destituido y está con impedimento de salida del país?
Y debe tenerse en cuenta que las persistentes acusaciones de corrupción son solo una parte de la controversia sobre Alan García. A pesar de las importantes revelaciones que surgen del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, García jamás asumió su responsabilidad por las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante su presidencia.
Uruguay, siguiendo su tradición democrática y humanista, no debe otorgar asilo político a García. No sea cuestión de crear un precedente que permita que quienes deben responder ante la justicia por delitos comunes, la eludan, y conviertan al país en refugio de corruptos.
*Con la colaboración de Eduardo González Cueva.
(Publicado originalmente en Huffington Post)
