La fiscalía allanó este martes el estudio de abogados de Arsenio Oré, ubicado en San Borja, como parte de las investigaciones por lavado de activos contra Keiko Fujimori y su partido. La diligencia fue autorizada por el juez Richard Concepción Carhuancho a pedido del fiscal José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público.
Arsenio Oré fue abogado de Odebrecht y también patrocinó a Keiko Fujimori en 2017, según la revista Caretas. Además, Giuliana Loza, actual abogada de la jefa de Fuerza Popular, trabajó en el Estudio Oré entre 1997 y 2005.
La resolución que autoriza el allanamiento señala que la fiscalía busca "libros y/o registros de contabilidad y administrativos del estudio Oré Guardia, que tengan relación al Partido Político Fuerza 2011 y Fuerza Popular, correspondientes a los años 2010 a 2016"; así como equipos de cómputo y otros elementos pertinentes al objeto de investigación.
"En el presente caso concreto existen suficientes elementos de convicción sobre los hechos materia de investigación, específicamente en cuanto a la perturbación a la averiguación de la verdad desplegada por el abogado Edward García Navarro (miembro del Estudio Oré Guardia)…", se lee en la resolución emitida por el juez Concepción, quien ya aprobó la medida de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y varios de sus colaboradores por 36 meses.
Edward García es el abogado de José Chlimper, quien entregó 210.000 dólares en efectivo al Grupo RPP en la campaña de Keiko Fujimori 2011 y luego fue secretario general de Fuerza Popular.
La resolución cita además la declaración del testigo protegido TP 2017-55-10, de donde "se desprende que los abogados Edward García Navarro y Giuliana Loza Ávalos habrían contactado al abogado Fernando Carreras Segura a fin que acompañen a los falsos aportantes, en el sentido que reconocerían que habrían efectuado los aportes (cuando en realidad no lo habían hecho)".
"Han habido abogados que han sido puestos para que se tergiverse el testimonio de los aportantes para que se den declaraciones que no son exactas, falsas, para coaccionar testigos o coimputados [...] Tenemos que determinar y corroborar esa información y para eso vamos a revisar los registros contables y administrativos", explicó a su turno el fiscal del caso, José Domingo Pérez.
"Hay cooperación por parte de los responsables de este estudio y nos han permitido acceder a la información contable y administrativa y es lo que incumbe al Ministerio Público, además de determinar si hay alguna documentación relacionada a los recibos de aportantes o vouchers de las campañas del 2011 y del 2016".
Así, el fiscal explicó que la diligencia tiene como finalidad buscar pruebas del delito de obstrucción a la justicia en la investigación contra el fujimorismo. "Se cuenta con información de que esta conducta o proceder tendría o podría tener sus inicios, orígenes o lugar de operaciones en este estudio", insistió.
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