La titular de la Segunda Fiscalía Penal Provincial, Marcelita Gutiérrez, formalizó acusación ante el Primer Juzgado Penal Nacional contra el expresidente Alberto Fujimori y varios exministros y exfuncionarios de su régimen autoritario por el caso de las esterilizaciones forzadas, cometidas entre 1996 y el 2000.

La denuncia penal incluye a los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Ricardo Luis Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, y a los exfuncionarios Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda Gonzales.

Todos fueron acusados como "autores mediatos de las presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos", anunció Demus en su cuenta de Twitter.

En abril pasado,  el fiscal superior Luis Landa ordenó denunciar a Fujimori y los tres extitulares del Ministerio de Salud, tras la queja interpuesta contra el archivamiento parcial de las denuncias. En su resolución, Landa dispone que Aguinaga, Costa y Yong sean procesados como coautores por lesiones graves en agravio de Victoria Vigo, Inés Condori y otras 2.164 mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas que aplicó el régimen fujimorista como política de Estado.

"El nuevo dictamen de Gutiérrez, que inicialmente se había pronunciado por el archivo parcial de la denuncia, implica que los casos de 2.166 mujeres pasarán ahora a una investigación judicial", explicó Milton Campos, abogado de Demus, citado por Ojo-Público.

Así, la investigación del programa masivo de ligadura de trompas con métodos de captación ilegales que causó lesiones graves en sus víctimas, pasará al Poder Judicial después de 14 años de haber estado congelada como una investigación preliminar en la fiscalía y de cuatro archivos.

DATOS

> La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías entre 1996 y el 2000. La mayoría se practicó en personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, aunque se desconoce cuántas se llevaron a cabo mediante engaños y coacciones. 
> De ese número, son 2.166 mujeres las que denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y que por lo menos una de ellas murió por esas prácticas ilegales. 

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