El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, demandó al gobierno de Ecuador, tras afirmar que sus condiciones de vida en la embajada de ese país en Londres, donde vive bajo un régimen de asilo desde hace seis años, vulneran sus "derechos y libertades fundamentales". Si deja la legación sería de inmediato detenido porque tiene una orden de arresto vigente.

"Julian Assange lanzó hoy un caso en el que acusa al gobierno de Ecuador de violar sus derechos fundamentales y sus libertades", dice WikiLeaks en un comunicado, en el que precisa que el exjuez español Baltasar Garzón, coordinador de su equipo jurídico, viajó a Ecuador para interponer la demanda en contra del gobierno de Lenín Moreno.

"La acción tiene lugar casi siete meses después de que Ecuador amenazase con retirarle su protección y cortase su acceso al mundo exterior, negándose incluso a permitir que periodistas y organizaciones de derechos humanos pudiesen verlo", precisa el documento.

También denunció que se  instalaron "tres inhibidores de señal en la embajada para impedir sus llamadas telefónicas y su acceso a internet",  que son las condiciones que ha impuesto Ecuador si quiere permanecer como asilado en su embajada en Londres.

Así, los abogados del australiano recurrieron a tribunales ecuatorianos para que el nuevo protocolo de visitas y comunicación, que rige desde marzo pasado, quede sin efecto.

La decisión del gobierno de Moreno buscaba evitar que el fundador de Wikileaks siguiera pronunciándose sobre asuntos de política interna de otros países que erosionaban las relaciones diplomáticas del Estado, como ocurrió con el conflicto independentista de Cataluña. 

Esta semana, como condición para recuperar la conexión a internet y la posibilidad de recibir visitas, Ecuador envió al hacker australiano un protocolo con 32 medidas en las que se supeditaba su condición de asilo a que respetara las nuevas normas, entre las que tendría que asumir sus propios gastos de manutención, mantener su estado de salud con revisiones médicas trimestrales, asumir tareas de aseo de su espacio y de su mascota; además, sus visitantes deberán pedir una autorización a la embajada con tres días de antelación, que podría ser aceptada o rechazada sin que la legación diplomática tenga que dar explicaciones y solo podría conectarse a la red wifi de la sede diplomática con su teléfono móvil y con su propio ordenador.

También se "exige que los periodistas, sus abogados y cualquiera que quiera ver a Julian Assange proporcione detalles privados y políticos como sus nombres de usuario en redes sociales, números de serie y códigos IMEI de sus teléfonos y tabletas".

Garzón dijo que es "inhumano" e "impropio para una situación de armonía y de asilo" que el estatus Assange esté condicionado a que cumpla con un estricto régimen de visitas y de comunicaciones. 

Hasta el momento, la Cancillería ecuatoriana no se ha pronunciado sobre la acción de protección ni ha confirmado nada hasta ahora sobre el documento entregado a Assange el 13 de octubre.

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