El presidente Martín Vizcarra debe observar el proyecto legislativo hecho a la medida para conceder la libertad condicional al expresidente Alberto Fujimori, señaló hoy Human Rights Watch. El proyecto, aprobado por el Congreso de Perú el 12 de octubre de 2018, es un intento pobremente disimulado de liberar a Fujimori a través de una supuesta reforma a normas penitenciarias. 

“Como el plan de garantizar la libertad de Fujimori a través de un indulto se está desmoronando, los legisladores fujimoristas ahora impulsan un ‘plan B’ para asegurar que su jefe político no regrese a prisión”, explica José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. 

“Los fujimoristas afirman que esta ley busca mejorar las condiciones penitenciarias de presos de edad avanzada, pero el momento en el que fue aprobada y sus disposiciones arbitrarias demuestran que se trata de una ley selectiva hecha a la medida para asegurar la libertad de un expresidente autocrático condenado por graves violaciones de derechos humanos”, añade.

Como se recuerda, el 30 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el principal tribunal de derechos humanos de la región, analizó el indulto concedido a Fujimori. La corte determinó que liberar a personas condenadas por graves violaciones de derechos humanos podía ser compatible con la obligación de Perú de investigar, juzgar y castigar abusos, siempre y cuando la liberación fuera “estrictamente necesaria” para asegurar el derecho a la salud de un preso. La Corte sostuvo que la justicia peruana debía analizar el indulto. 

Posteriormente, el 3 de octubre, un magistrado de la Corte Suprema concluyó que el “indulto humanitario” de Fujimori era incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Perú, y ordenó que fuera enviado a prisión nuevamente. Se encuentra en curso una apelación, y Fujimori no ha vuelto a prisión.

El nuevo proyecto de ley especifica diversas categorías de presos que pueden recibir el beneficio de excarcelación. Entre estas categorías se incluyen los presos de sexo masculino que tengan más de 78 años de edad y hayan cumplido un tercio de su condena. Fujimori, que tiene 80 años, ha cumplido 10 de los 25 años de su condena. 

El derecho internacional de los derechos humanos establece que los gobiernos tienen la obligación de asegurar que haya justicia efectiva por violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, una enfermedad grave puede transformar una pena de cárcel común en un calvario que resultaría cruel y excedería el interés en un castigo específico. En estas circunstancias, puede justificarse la liberación de personas condenadas incluso por los peores delitos. 

Las personas condenadas por atrocidades también pueden beneficiarse de las normas sobre libertad condicional que se apliquen a los demás presos, siempre que la justicia que se imparta sea proporcional a la gravedad de los delitos.

Human Rights Watch ha señalado que la liberación de Fujimori sería consistente con las normas internacionales de derechos humanos, siempre que no reciba un trato especial y selectivo. No obstante, el proyecto de ley que ha aprobado el fujimorismo es un esfuerzo apenas disimulado por brindarle un trato especial usando de fachada una reforma más amplia con el supuesto objetivo de garantizar los derechos de los presos.

“Una ley que contribuya a mejorar las condiciones de detención de los presos, incluso de aquellos responsables de delitos graves, sería un paso positivo. Pero este proyecto de ley no se trata de eso, sino de negar los derechos de las víctimas para beneficiar a un hombre poderoso que es responsable de delitos atroces”, sentencia Vivanco.