Un grupo de ciudadanos demandó este mates al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry,  ante el Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Si la acusación procede a favor de los demandantes, el titular del Ministerio Público podría quedar inhabilitado de sus funciones como abogado, un requisito fundamental para dirigir el la institución que tiene a su cargo.

Chávarry se pronuncio al respecto a través de su cuenta de Twitter, señalando que lo han denunciado con "hechos carentes de veracidad". Además, manifestó que, a dos meses de haber sido elegido por la Junta de Fiscales Supremos, no ha parado de trabajar en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.  

"La Junta de Fiscales Supremos me eligió en el cargo de Fiscal de la Nación. En estos dos meses de arduo trabajo, estamos luchando contra el crimen organizado y la corrupción. Sin embargo, me han denunciado con hechos carentes de veracidad. Les aseguro que el MP no se detiene", indicó e fiscal de la Nación.

Cabe precisar que desde el 14 de setiembre Chávarry viene afrontando un proceso dentro de esta colegiatura. La decana del CAL, María Elena Portocarrero, señaló que vienen evaluando las conductas “relacionadas con la probidad” del titular del Ministerio Público. “El CAL ve el tema ético. Si es cierto, si se le inhabilita le falta el requisito fundamental para ejercer sus funciones. Nosotros seguimos un proceso, todas las personas involucradas con los audios están siendo investigadas”, expreso entonces. 

La primera semana de este mes, Chávarry se acercó al CAL a rendir sus descargos por las denuncias que afronta y por sus vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto” y los "CNM Audios", casos que han puesto al tapete un sinnúmero de actos delictivos al interior del sistema judicial. 

  Portocarrero precisó que “quien sanciona es la Dirección de Ética”, presidido por el abogado Walter Ayala y conformado por cinco vocales. La resolución tendrá los aportes que presente la oficina Ad hoc para revisar estos casos con el que cuenta la CAL. Sin embargo, la medida a tomarse en esta instancia puede ser apelada por Chávarry ante el Tribunal de Honor del CAL.

DATO:


El oficio es firmado por cuatro ciudadanos identificados como Jorge Ricardo Bracamonte, Gerónimo López Sevillano, Martha Eleana Cuentas Anci y Cruz Lisset Silva del Carpio.

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