El 77% de las personas con discapacidad no participa del mercado laboral. La tasa de desempleo en esta población triplica la de la población en general y ello no guarda relación con sus capacidades. A pesar de la existencia de la cuota de empleo, el limitado acceso al trabajo vulnera sus derechos humanos y afecta la productividad y acumulación de capital humano en el país. 

Un porcentaje significativo de personas con discapacidad (61.4%) cuenta con más de una discapacidad. La discapacidad física (59.2%), visual (50.9%) y auditiva (33.8%) son las más comunes entre ellas.

Frente a esta situación, el Sistema de Naciones Unidas y el Estado peruano han empezado el Programa Conjunto sobre Empleo y Discapacidad con enfoque de género con el objetivo de mejorar el acceso de personas con discapacidad a oportunidades de empleo decente y sensibilizar sobre las habilidades y el potencial de esta población para contribuir a la vida productiva y el desarrollo de sus comunidades y el país. Se implementará en cinco gobiernos locales de Lima y Callao en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

En el Perú, el 5.2% de la población (más de 1.5 millones de personas) tiene algún tipo de discapacidad. De aquellas, el 52.1% son mujeres.

La iniciativa propone crear un modelo de gestión para promover el derecho al trabajo decente para las personas con discapacidad a través de los gobiernos locales. Pone especial énfasis en la situación de vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad quienes enfrentan mayores tasas de desempleo, así como barreras para el respeto de su derecho al trabajo y el reconocimiento de su capacidad laboral y productiva.

El Programa Conjunto contribuirá a mejorar el acceso de las personas con discapacidad al empleo fortaleciendo la gestión pública a nivel local con dos instrumentos programáticos y financieros: (i) un modelo de gestión sensible al género para que los gobiernos locales promuevan y permitan acceso al empleo a personas con discapacidad (caja de herramientas); y (ii) un programa presupuestal orientado a resultados (PpR) para promover el empleo sensible al género a personas con discapacidad.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, plan global para eliminar la pobreza y las desigualdades suscrito por el Perú, incluye metas específicas para superar las barreras de acceso al trabajo decente de las personas con discapacidad y asegurar sus derechos humanos, tales como el ODS 8 para la creación de empleo decente, el ODS 5 para la igualdad de género y el ODS 10 para la reducción de las desigualdades.

En Perú se han logrado avances significativos hacia la inclusión de personas con discapacidad a través de un conjunto de políticas y programas públicos. Estos incluyen la Política de Inclusión Social y cambios a nivel legislativo con la promulgación de la Ley General sobre la Persona con Discapacidad y la modificación de 66 artículos en el Código Civil que brindan capacidad jurídica a las personas con discapacidad y les permiten ejercer directamente sus derechos. Además, la mayoría de municipios cuenta con una oficina a cargo de la gestión de servicios específicos para personas con discapacidad -la Oficina Municipal para la Atención de las Personas con Discapacidad (OMAPED)- que se espera proporcione orientación laboral y coordinación, pero aún muchas de ellas carecen de recursos humanos, procedimientos y protocolos.

Más datos:

* Casi la mitad de la población con discapacidad en el país está en edad laboral (43.6% tiene entre 15 y 64 años).

* Del número total de personas con alguna discapacidad que están en edad de trabajar, la tasa de desempleo es 12.1%[2] casi tres veces la tasa de desempleo para la población en general.

* En el caso de las mujeres con discapacidad, el desempleo es el 13.9%, superior al de los hombres (11.1%).

* Según el tipo de discapacidad, la tasa de desempleo también varía considerablemente. Por ejemplo, la tasa de desempleo en personas con discapacidad visual es del 11.1%, mientras que en el caso de la discapacidad intelectual es del 16.6%.

También puedes leer:

Anulan el término “incapaz” reemplazándolo por personas con “capacidad plena y restringida”