El Estado peruano promulgó la Ley N° 28054, Ley de Promoción de Biocombustible, en el 2003, para promover el desarrollo del mercado de los biocombustibles sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica para diversificar la oferta de combustibles, fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial, generar empleo, disminuir la contaminación ambiental y ofrecer un mercado alternativo en la lucha contra las drogas
Cuatro empresas invirtieron más de US$50 millones en capacidad instalada industrial para producir más de 400 mil toneladas de biodiésel por año: Industrias del Espino, Heaven Petroleum Operador, Nordtraube y Pure Biofuels del Perú. Plantas actualmente paralizadas a causa de la medida del Estado.
En campo, el Estado impulsó las inversiones con la promoción de siembra del cultivo de la palma aceitera, apoyados por la cooperación internacional, en el Marco de la Política de la Lucha contra las Drogas. Según la Junta Nacional de Palma Aceitera, la inversión en plantaciones supera a la fecha US$380 millones, a este valor debe agregarse más de US$56 millones en montaje e instalación de 16 extractoras de aceite crudo de palma.
Ahora, en 2018, estos palmicultores consideran que está en riesgo la inversión de los agricultores e industriales vinculados a la agroindustria de la palma aceitera y el biodiésel nacional por más de US$400 millones.
"Lejos de promover de manera efectiva el mercado nacional de biodiésel y cumplir con la Ley 28054, generando una cadena de suministro local eficiente, el Estado se ha mostrado indiferente, contrario al desarrollo agroindustrial y avala la conducta importadora, sin importar los subsidios que imponen los países de origen como Indonesia y Malasia, que según estimados representaría un tercio del precio de venta FOB", dicen los palmicultores llegados a Lima.
"Condenamos la agresiva importación de biodiesel, que desde que se inició el negocio en el 2008 hasta el 2017 aumentaron en términos de volumen 36 veces, y en términos de valor el acumulado durante el periodo en referencia llegó a US$1,964 millones. Este avance desmedido, significa para el Perú, menos trabajo, menos oportunidades de añadir valor agregado, más pobreza y menor recaudación", añaden.
La Junta Nacional de Palma Aceitera exige al Estado que dé solución inmediata y denuncian que Petroperú tiene una conducta importadora. Afirman que el 67% (76,320 toneladas) de lo que la estatal ha comprado entre enero y agosto de 2018 procede de Indonesia y Malasia, países con altamente cuestionados por deforestación.
