Ya hemos advertido antes del régimen discriminatorio que sufren los trabajadores agrarios en Perú. Sin gratificaciones, CTS y con una casi nula fiscalización laboral, ellos vienen reclamando por el respeto a sus derechos laborales. Esta situación se agrava cuando nos imaginamos que ese mal empresario que explota a sus compatriotas tiene la posibilidad de aprovecharse de la necesidad de un extranjero que viene a buscar trabajo al país y que no conoce los mecanismos para denunciar.
Esto es lo que está ocurriendo en los campos de Casma, y sospechamos que en muchos otros lugares. Centros de trabajo o empresas informales que han cambiado al 'cholo barato' por el 'veneco barato' en situaciones que ya están en el límite con la esclavitud. En este caso, reportado por el programa Reporte Semanal, se trata de un grupo de trabajadores venezolanos que se mantienen impagos luego de haber laborado en los campos de cultivo.
"Recogen un grupo de venezolanos para hacer el trabajo más forzado porque los peruanos no lo quieren hacer por el pago de 40 soles diarios", dice un venezolano.
"Ahora están abusando de ellos porque necesitan trabajar y les están pagando muy poco", dice una trabajadora peruana, compañera de los venezolanos.
Estas declaraciones las brindaban en medio de amenazas del capataz. Otra venezolana denunció que trabajan en contacto con químicos sin ningún tipo de protección, por lo que ponen en riesgo su salud.
Muchos de ellos llevaban una semana trabajando en el campo sin haber recibido ni un sol, ya que les ponían excusa que debían tener una cuenta bancaria, requisito que los venezolanos no tenían.
Actualmente, los peruanos que trabajan en el sector de la agroexportación se encuentran bajo el Régimen Laboral Agrario, bajo una ley aprobado en el 2000, durante la dictadura de Alberto Fujimori. Esto se hizo buscando beneficiar a las empresas sin tomar en cuenta a los trabajadores. A los empleadores, se les redujo el impuesto a la renta al 15%, se le devolvió el IGV, se les descontó 20% de sus impuestos por inversión en zonas eriazas y solo debían aportar a EsSalud el 4%.
Por su parte, los empleados reciben su sueldo mensual en el que se supone están incluidos sus gratificaciones y el pago por Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), y solo tienen 15 días de vacaciones al año. Su vigencia fue establecida hasta el 2010, pero durante el gobierno de Alejandro Toledo se amplió hasta el 2021. Desde el año pasado, las agroexportadoras vienen ejerciendo presión para que esta ley se amplíe por más años y así puedan pagar menos derechos a sus trabajadores y seguir acumulando más ganancias.
Lo que piden los trabajadores es igualdad; es decir, exigen gozar los mismos derechos que otros trabajadores de otros sectores, en los que incluso la labor es más segura. Walter Campos, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro), dijo a LaMula.pe que esta ley "ya ha cumplido sus objetivos con los empresarios, ellos han sacado provecho, pero nosotros no hemos avanzado, no hemos tenido un desarrollo económico y hemos dado nuestra juventud, nuestra vida”.
[Foto de portada: Andina]
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