Invitados: Hugo Díaz* y César Guadalupe**
Los cambios políticos, sociales y tecnológicos, así como la magnitud del sistema educativo hacen de su gobernanza un asunto complejo. Esta complejidad se vincula con, entre otros, los siguientes aspectos:
a. Los nuevos roles y funciones que asume o prioriza la política educativa: la innovación pedagógica, la evaluación estandarizada de aprendizajes y del desempeño docente, la acreditación, la rendición de cuentas.
b. Las nuevas formas de enseñar y aprender que resultan del uso de tecnologías digitales. Asimismo, no todo se aprende en la escuela; existe fuera de ella un potencial en aumento y las ofertas de educación se extienden a toda la vida.
c. La necesidad de enfatizar políticas de inclusión, multiculturalidad, enfoque de género para llegar con eficiencia, calidad y oportunidad a poblaciones diversas y, muchas veces, vulnerables.
d. El surgimiento o aumento de nuevos focos de conflictividad: violencia juvenil, movimientos sociales con posiciones excluyentes, rechazo a políticas que afectan intereses de grupos o gremios. Por ejemplo, las políticas docentes enfocadas en el mérito profesional para el acceso, el avance y la permanencia en la carrera tienen creciente respaldo de la opinión púbica pero fuerte resistencia de algunos sectores gremiales. Esa resistencia debilita el liderazgo sindical y dificulta la introducción de políticas profesionales que son necesarias.
Desde hace seis décadas se enuncian voluntades descentralistas en educación. No obstante, ni en la administración intermedia, ni en los centros educativos se ha logrado sostener modelos que respondan a la variedad de contextos y demandas geográficas, sociales, culturales y educativas. Las desigualdades persistieron y emergió un nuevo centralismo regional que hoy, al igual que ayer, restringe la posibilidad de que los centros educativos cuenten con mejores condiciones y mayores libertades y recursos para enfrentar sus problemas particulares de prestación del servicio. En sus varias denominaciones y reorganizaciones, lo que ahora son las UGEL***, terminaron debilitando el acompañamiento a los centros educativos, su principal función y abandonaron toda forma de supervisión. Intentos para establecer redes de centros educativos, como en los años cuarenta y cincuenta con los núcleos escolares campesinos, y en los setenta, con la nuclearización educativa, se abandonaron sin mayores argumentos abriendo paso a una no deseable atomización de los servicios. Tras estas seis décadas no contamos con una respuesta clara y probada a cuánto, qué, a quién, cuándo, cómo, con qué recursos y mecanismos descentralizar.
Sin buena gobernanza no hay posibilidades de emprender las políticas y reformas que necesita la educación peruana. Debemos redoblar esfuerzos para reducir las fuertes desigualdades de condiciones de operación y resultados del servicio entre regiones, entre escuelas y al interior de cada aula; aplicar un enfoque de derechos que, finalmente, significa que todos los educandos adquieran las competencias que les permitan desenvolverse en una sociedad democrática.
Retos del Minedu
Además de la complejidad de la gobernanza del sistema educativo y la urgencia de abordar sus problemas centrales, también identificamos elementos críticos para transformar los inoperantes esquemas vigentes buscando construir una gobernanza capaz de liderar y movilizar recursos y actores en función de una visión y prioridades claramente establecidas y compartidas socialmente.
Sobre la estructura del sector educación:
a. Necesitamos un Ministerio de Educación más pequeño, pero a la vez más fuerte. Uno que oriente estratégicamente al sector y transfiera competencias o de autonomía a los actores subnacionales. Un Ministerio menos prescriptivo e interventor y más centrado en habilitar a los actores. Asimismo, un Ministerio que promueva la intersectorialidad, las alianzas Estado – Sociedad y el desarrollo del gobierno electrónico.
b. Una administración de los servicios educativos que asegure la planificación, concertación, diversificación, monitoreo y evaluación de las políticas. Asimismo, que esté cerca de los centros educativos brindándoles la asesoría necesaria.
c. Revertir la atomización de los servicios educativos creando instancias (como redes y núcleos) que doten de escala suficiente para el desarrollo colegiado de la labor docente. Asimismo, atender la dinámica poblacional en el territorio facilitando la democratización de oportunidades, la adecuación curricular y la gestión de personal. Promover la integración de los servicios de educación básica (evitar servicios de inicial, primaria o secundaria “sueltos”) y que hagan un mejor uso de los recursos que comparten (como los locales escolares que deben cumplir estándares mínimos y poseer servicios básicos indispensables, ambientes especiales de enseñanza, salas de profesores y aulas adecuadas como parte del derecho a la educación).
d. Una separación de funciones que permita que la supervisión educativa sea independiente de las instancias supervisadas y opere con criterios universales de justicia alcanzando, por igual, a la educación estatal y no estatal.
Capacidades gerenciales y técnicas
e. Crear un mecanismo sostenible de financiamiento (i.e. un fondo rotatorio) para la calificación regular de cuadros gerenciales y técnicos en los mejores centros de formación existentes dentro y fuera del país.
f. Crear un mecanismo sostenible de financiamiento para promover iniciativas de innovación e inversión orientadas a mejorar la productividad, la agilización de procedimientos y la ética y transparencia en la gestión.
g. Priorizar áreas que han mostrado ser particularmente desafiantes: currículo y evaluación por competencias; planificación; formación, capacitación y evaluación del desempeño docente; uso de las tecnologías digitales en la gestión educativa y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, crear capacidades para la supervisión desde una instancia independiente del Sector y que, por supuesto, no esté formada por docentes separados de las escuelas y sin la preparación debida.
h. Asegurar que todas las instancias cuenten con un mínimo de equipos gerenciales, técnicos y docentes altamente calificados, que forman parte de atractivas carreras públicas basadas en el mérito; seleccionados y evaluados con criterios rigurosos; y partícipes del diseño y ejecución de planes personalizados de desarrollo profesional.
Normativa y procedimientos
i. Simplificación del marco normativo para facilitar las decisiones y permitir a los centros educativos enfocarse en la mejora de su labor educativa.
Financiamiento
j. Financiamiento público suficiente, asignado de modo progresivo (proporcional a la necesidad), y ejecutado con eficiencia. Planificación sustentada en evidencia y capacidad para una ejecución plena y oportuna.
k. Estímulo al compromiso de otros agentes tanto estatales (como las municipalidades) como privados y civiles que complementen (no suplan) el esfuerzo estatal y en apoyo de la innovación.
Gremio magisterial
l. Invitar al gremio a fortalecer su rol profesional enfocándose en la garantía del derecho a la educación de las personas. En ese marco, éste debe convertirse en el primer defensor de una carrera basada en el mérito que, por lo mismo, logre un importante reconocimiento social.
m. Diálogo permanente para facilitar y ajustar la aplicación de políticas y herramientas asociadas a la carrera magisterial; en especial al desempeño laboral.
Más allá del detalle expuesto aquí, resulta fundamental lograr una conciencia y compromiso social amplios con la transformación de la gobernanza de nuestro sistema educativo. Este compromiso dará la legitimidad y la fortaleza que son necesarios para emprender estas necesarias transformaciones.
¡Transformemos el sistema educativo Ya! Es el llamado de CADE Educación este año.
* Consultor en Educación y miembro del Comité CADE Educación 2018.
** Presidente del Consejo Nacional de Educación y presidente de CADE Educación 2018.
*** Unidades de Gestión Educativa Local, previamente denominadas Unidades de Servicios Educativos y Direcciones Zonales de Educación.
