Esta semana, las dos investigaciones que más preocupan a Donald Trump desde que asumió la Presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero de 2017, han tenido importantes avances, lo que ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de un "impeachment" que acabe antes de tiempo con su mandato.

En uno de los casos al magnate republicano se le acusa de comprar el silencio de dos mujeres con las que supuestamente tuvo relaciones extramaritales, como parte del juicio en contra de su exabogado Michael Cohen. El otro tiene que ver la injerencia rusa en las últimas elecciones en las que llegó a la Casa Blanca. 

Si Trump no fuera presidente de EEUU, se le imputarían cargos criminales. Pero los expertos coinciden en que el republicano no puede ser procesado criminalmente durante su mandato. Y la única forma en la que puede ser destituido es a través del proceso que se conoce en inglés como el impeachment, cuya traducción que más se acerca en español es "juicio político"

¿Cómo funciona el proceso? 

El impeachment es el juicio político que realiza el Congreso de EEUU con vistas a una posible destitución del presidente. La Constitución estadounidense establece que el mandatario "debe ser destituido de su cargo si es acusado de y condenado por traición, soborno, u otros crímenes o delitos graves".

El proceso se debe iniciar en la Cámara de Representantes y nada más necesita de una mayoría simple para ser aprobado. Pero el juicio político en sí tiene lugar en el Senado. Y ahí se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente, lo cual nunca ha pasado en la historia de Estados Unidos. 

El precedente más cercano es el del 42º presidente de EEUU, Bill Clinton, quien fue  procesado tras ser acusado de perjurio y de obstrucción de justicia, luego de que mintiera sobre la naturaleza de su relación con la pasante Mónica Lewinsky y que supuestamente también le pidiera a esta que mintiera. En diciembre de 1998, la Cámara votó 228 a 206 a favor de enjuiciar a Clinton por la primera acusación, y 221 a 212 por la segunda. En aquella época el nivel de aprobación del entonces presidente era 72%. Cuando el caso llegó al Senado, en 1999, la acusación estuvo lejos de conseguir los dos tercios de votos que necesitaba para prosperar.

El otro precedente es el de Richard Nixon, quien renunció en 1974 cuando estaba por ser destituido en un impeachment que se le inició por el escándalo Watergate. En este caso hay más similitudes con la situación de Trump. No por algo la trama rusa ha sido bautizada en EEUU como el 'Rusiagate'.

En el caso de Trump, hay que tener en cuenta además que el Partido Republicano tiene mayoría en las dos cámaras, por lo que parece improbable que prospere un juicio político contra un presidente propio, aunque en noviembre hay elecciones de medio mandato, y si el Partido Demócrata le arrebata la mayoría podría estar en condiciones de avanzar con un impeachment, que eventualmente podría terminar en la destitución de Trump, quien esta semana dijo sobre esa posibilidad en una entrevista con Fox & Friends: "No sé cómo puedes destituir a alguien que ha hecho un gran trabajo. Si alguna vez me destituyen, los mercados se desplomarían".

¿De qué se le acusa a Trump?

En el caso de Cohen, que es investigado por el FBI, este se presentó este martes en las oficinas del Buró en Nueva York y se declaró culpable de los delitos por los que estaba siendo investigado. En concreto, dijo que en en la campaña del 2016 pagó a dos mujeres —la actriz porno Stormy Daniels y la modelo Playboy Karen McDougal— para que callaran las relaciones que habían mantenido con Trump.

El exabogado de Trump no solo aseguró que lo hizo "con el principal propósito de influir en las elecciones", sino que además dijo, casi como una estocada final, que actuó "en coordinación y bajo la dirección de un candidato para un cargo federal". O sea, el magnate republicano. Esos pagos constituyen una donación de campaña que no fue declarada, y por tanto es ilegal. Y Cohen terminó de hundir a Trump al asegurar que emitió facturas falsas para que el entonces candidato le reembolsara el dinero.

Paul Manafort, quien jefe de campaña de Trump, fue condenado esta semana en un caso que se derivó de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Se le halló culpable de haber trabajado entre 2006 y 2017 para gobiernos y líderes extranjeros —como Víktor Yanukóvich, expresidente prorruso de Ucrania— sin comunicárselo a las autoridades estadounidenses, lo que es ilegal. Además, lo condenaron por fraude bancario y fiscal, porque no declaró los US$75 millones que ganó por esas asesorías.

Aunque estos hechos ilícitos no salpican directamente a Trump, porque Manafort no trabajaba con él cuando los cometió, el exjefe de campaña del republicano, para evitar una condena mayor, podría contar hechos hasta hoy desconocidos sobre la trama rusa, o el 'rusiagate'. Y el fiscal especial para este caso, Robert Mueller,  ya dio por probado que hubo un intento deliberado por parte de Rusia para interferir en las elecciones de 2016 a favor de Trump. Lo que está aún por determinarse es si existió una colusión con la campaña del magnate.

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