La jueza de la Corte Superior del Cono Norte y actual presidenta de la Primera Sala Penal Nacional de Apelaciones, Porfiria Edita Condori Fernández, compró en 2013 junto a su conviviente, el fiscal de lavado de activos Lester León Quispe Peralta, una extensión de 620.32 m² de la subparcela del terreno denominado “Lote 1 – Matriz”, ubicado en el distrito de Carabayllo. El predio es el resultado de la acumulación de los Lotes I y II de la parcela “Torreblanca”, que tuvo como propietarios a las empresas Total Inmuebles y F y F Maquinarias.

Conforme al contrato de compraventa, de fecha 26 de agosto de 2014, el fiscal Quispe Peralta y la jueza adquirieron el predio a los ciudadanos Marcial Mendoza Durán, María Villarreal Adulfo de Mendoza y Omar Jesús Bravo López por 34.000 soles, un precio que no se ajusta al valor que tienen en el mercado los lotes en esa zona.  Lamula.pe pudo comprobar que el costo del metro cuadrado que pagaron los magistrados (S/ 55 x m²) no coincide con la publicidad de los “vendedores” en la misma zona: $ 160.00 x m².

La venta del terreno, que se pagó en efectivo, no registra ninguna transferencia bancaria y no tiene más constancia que la firma de los contratantes. Otra de las irregularidades advertidas es la indebida utilización de documentación emitida por la Municipalidad de San Antonio – Huarochiri, aun a sabiendas de que las sub parcelas de "Torreblanca", en la fecha de la invasión, tenían hitos de demarcación territorial en el Distrito de Carabayllo.

El predio es objeto de un conflicto entre la empresa Total Inmobiliaria, propietaria de 812,302.082 m² del terreno, y un grupo de aproximadamente 100 personas, que lidera Mendoza Durán. Conforme a las partidas registrales correspondientes, la compañía adquirió las Sub parcelas y todos los lotes que las conforman a través de un contrato de compraventa que consta por escritura pública con fecha 15 de setiembre de 2009.

Entre el 25 y el 27 de febrero del 2012, cuando la parcela “Torreblanca” estaba bajo la administración y posesión de Total Inmuebles, Mendoza, acompañado de un grupo de personas, invadieron las sub parcelas. El grupo de pobladores tuvieron el apoyo policial y del fiscal de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Norte, Augusto Germán Lapa Lozano.

Los invasores se valieron de una escritura pública -presuntamente adulterada- de fecha 20 de enero de 2012, por la que la Comunidad Campesina de Jicamarca, representada por Jesús Agustín Bravo Nuñez, habría transferido a los señores "Omar Jesús Bravo López, Marcial Mendoza Durán, y María Villareal Adulfo de Mendoza (conjuntamente con Luis Gonzaga Carrera Matos, Rómulo Bravo Fuertes, José Luis Ramos Guerrero, Godofredo Orihuela Cossio, Mauro Pariona Palonimo y Jhon Freddy Román Rodríguez), un área de 9.3184 Hás ubicada en el Sector Torre Blanca, Km. 23.5 de la Carretera Lima-Canta, distrito de San Antonio de Chaclla, Huarochiri, Lima".

Sin embargo, el íntegro del predio se encuentra dentro del ámbito territorial del distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima. Así lo acredita la información del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el pronunciamiento del IMP y el Certificado de Jurisdicción emitido por la Municipalidad Distrital de Carabayllo. Incluso las búsquedas catastrales de las parcelas 1-F y 1-G, concluyen que los predios obran inscritos en las partidas que corresponden al derecho de propiedad de Total Inmuebles. El predio de la Comunidad de Jicamarca está inscrito en el Asiento 2 Fojas 354 del Tomo 10-H del Registro de Predios de Lima.

Justicia e invasión

Cada vez que los titulares registrales han intentado recuperar el control físico de los su parcelas de “Torreblanca”, los invasores han obtenido inexplicablemente el respaldo de la fiscalía y de la fuerza pública para mantenerse en posesión. Prueba de ello es que el 16 de julio de 2014, el fiscal Quispe denunció haber sido víctima de usurpación de su predio, por parte de Total Inmubles y de Domingo Palermo, gerente general de F y F Maquinarias.

El pedido de desalojo preventivo promovido por el fiscal fue aprobado por el juez de Condevilla, sin tener jurisdicción en la zona, el 1 de agosto de 2014, pero fue suspendido por irregular y por indebida notificación. En setiembre de 2014, la Segunda Sala Penal de Reos Libres del Cono Norte revocó la resolución y dejó sin efecto el desalojo. Sin embargo, el Fiscal Quispe promovió una nueva solicitud de desalojo, esta vez, ante el Segundo Juzgado Penal de Carabayllo.

El 3 de octubre de 2014, la jueza Ivette Reyes Delgado declaró fundado el pedido en base a las afirmaciones del fiscal Quispe Peralta y a la declaración de Mendoza Durán, quien afirmó que el señor Quispe Peralta tenía posesión del predio antes a la supuesta invasión de la empresa Total Inmuebles. La resolución fue apelada el 10 de octubre de 2014. No obstante, el 26 de noviembre de 2014, la 2° Sala Penal de Reos Libres, presidida por el vocal Gabino Espinoza Ortiz, confirmó la resolución, apoyándose nuevamente en la declaración de Mendoza Durán.

Los invasores iniciaron tres procesos judiciales en los fueros penal, civil y constitucional contra la empresa Total Inmueble. En el primero, Mendoza Durán y compañía obtuvieron una sentencia a favor en primera instancia, luego de ser denunciados por el delito de usurpación agravada. Durante el mismo proceso, la juez del Juzgado Penal de Carabayllo dejó sin efecto la adecuación del pedido de administración provisional al procedimiento de desalojo preventivo que se presentó contra los invasores. Es así como el 10 de febrero de 2017 se emitió una sentencia absolutoria a los denunciados, quedando pendiente aún un recurso de apelación.

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte —sala que debía resolver la denuncia penal por ese entonces— tenía entre sus miembros a la propia jueza Porfiria Edita Condori Fernández, la compradora junto a su esposo Lester León Quispe de parte del terreno en disputa. Todo indica que los vínculos de esta sala con los invasores iba más allá, pues otro de sus miembro, el vocal superior David Víctor Lecaros Chávez, es esposo de la abogada de los denunciantes, Teresa Mori Castañeda,  según se pudo corroborar en el acta de matrimonio de ambos, que data del año 1989.

En el fuero civil las irregularidades aumentan notoriamente pues, al margen de ser un proceso judicial con casi 6 años de duración y sin sentencia en primer instancia, la demanda de interdicto para recobrar el terreno usurpado presentado por Total Inmueble ha tenido idas y venidas en la Sala Civil Permanente de Lima Norte. Una muestra de ello es que el 8 de abril del 2013 el juzgado concedió medida cautelar temporal solicitada por la empresa. En consecuencia, se procedía a la ejecución anticipada de la acción de interdicto para recobrar el predio invadido.

La diligencia de restitución del inmueble se dio parcialmente (aproximadamente 10 hectáreas), pues el especialista legal Edgard Fernández Peralta la suspendió, al  argumentar que no era posible continuar la diligencia porque no se encontraban presentes los demandados y porque habían terceros en posesión de títulos de parte del terreno. A la fecha se mantiene entrampada una solicitud para continuar con la ejecución de la medida cautelar.

En respuesta al recurso presentado por la compañía, la Comunidad Campesina de Jicamarca, representada por Rómulo Bravo Fuertes, reconoce a Total Inmobiliarias como propietario del terreno “Lote 1 – Matriz”. "Mi representada, con mandato y poder legal vigente, es respetuoso de la propiedad de terceros y respetuosos de los límites territoriales", se lee en su escrito remitido al juzgado civil de Lima Norte. 

De esta manera, niegan haber aprobado la venta y suscripción del contrato de compra y venta de independización de fecha 20 de enero de 2012. Asimismo, acusaron de "falso representante" a Jesús Agustín Bravo Nuñez, quien se autodenominó presidente de la comunidad y nunca tuvo poder para celebrar contratos de compraventa. A pesar de esta aclaración, el juzgado dispuso declarar por no contestada esta demanda, ya que la comunidad no es parte del proceso. 

Denuncias por lavado de activos


¿Quiénes eran verdaderamente los vendedores del terreno de 620.32 m² que compraron Porfiria Edita Condori Fernández y Lester León Quispe Peralta? El contrato de compraventa de acciones y derechos e independización del bien inmueble, ubicado en la avenida Túpac Amaru a la altura del kilómetro 23.50, reconoce como vendedores del predio a Marcial Mendoza Durán, su esposa María Villarreal Adulfo y Omar Jesús Bravo López.


Los registros del sistema de denuncias del Ministerio Público, a los que tuvo acceso Lamula.pe, muestran que tanto María Villarreal Adulfo como Omar Jesús Bravo López vienen siendo investigados por la fiscalía por el delito de lavado de activos desde el 2007. Bravo López tiene más de 20 procesos en el Ministerio Público entre archivados, con dictamen, en  investigación fiscal y apelaciones.

María Villarreal Adulfo y Omar Jesús Bravo López.

Según registros Públicos, Marcial Mendoza Durán tiene a su nombre una edificación de cinco pisos, ubicada en la avenida Universitaria Mz o lote Nº 38, distrito de Comas. También tuvo a su nombre, pues ahora se encuentra en estado inactivo, otro inmueble con dirección AA.HH Comas - Lima - Lima. Las fichas de Reniec muestran que tanto Mendoza Durán como su esposa viven en distintos domicilios. Mientras que el principal vendedor del terreno en disputa consignó su dirección en la avenida Micaela Bastidas Mz B LT 01, en Huarochi, María Villarreal Adulfo hizo lo propio en avenida Universitaria 1250, Urbanización Santa Luzmila. 

Propiedad de marcial mendoza duran, ubicada en la avenida Universitaria Mz o lote Nº 38 (google maps)

Lamula.pe trató de comunicarse en reiteradas ocasiones con la jueza Porfiria Edita Condori, durante toda la semana, para recoger sus descargos, pero no fue posible hasta la publicación de esta nota.
(Foto de cabecera: Perú21)