¿Se acabó el blindaje? El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció este viernes que en la próxima reunión del Consejo Directivo del Parlamento pedirá que el caso de su colega de bancada, Yesenia Ponce, sea incluido en la agenda del pleno para ser visto “cuanto antes”.
Según explicó, el Consejo Directivo es la instancia encargada de aprobar la agenda del pleno, por lo que el caso de la Yessenia Ponce, necesariamente, deberá pasar por ese espacio, al igual que el de otros legisladores con imputaciones éticas.
La Comisión de Ética recomendó en su informe final que se suspenda a Ponce por 120 días, la máxima sanción ética, por supuestamente haber pagado para obtener certificados de estudios escolares falsos y por haber registrado compañeros de clase “fantasmas”.
En la víspera, la bancada de Nuevo Perú pidió al titular del Congreso tratar este tema en el Pleno, pese a lo cual no hubo debate alguno.
"Solicitaré que en el próximo Consejo Directivo se traten estos temas para que pasen a la agenda del pleno y ahí, obviamente, les daremos viabilidad para que se vean cuanto antes porque son temas preocupantes para todos".
Aunque no precisó qué otros casos serían agendados en el Pleno del Legislativo, señaló que se trata de “otros temas que ya tienen informe de la Comisión de Ética” y, por tanto, también deben pasar primero por el Consejo Directivo del Congreso.
Caso Benicio Ríos
Salaverry también se refirió al caso del congresista de Alianza para el Progreso (APP) Benicio Ríos, sobre quien pesa una orden de captura, y mencionó que ha dispuesto una “investigación profunda” sobre los beneficios que estuvo recibiendo.
Agregó que Ríos solo devolvió un cheque recibido por gastos de representación, pese a que la Junta de Portavoces acordó suspender el pago de su sueldo y se le ordenó entregar el dinero percibido indebidamente durante su clandestinidad.
"Luego de anunciar públicamente la decisión del acuerdo de la Junta de Portavoces, ese día, a primera hora, personal de su despacho se acercó con uno de los cheques de semana de representación para devolverlo. Sin embargo, todo lo que se depositó o cobró en los meses anteriores, tengo entendido que hasta el momento no ha sido devuelto", acotó.
Ríos fue condenado a siete años de prisión, en diciembre de 2017, por el delito de colusión agravada, al ser acusado de adquirir terrenos con precios sobrevaluados para un relleno sanitario cuando era alcalde de la provincia de Urubamba (Cusco).
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