El presidente Martín Vizcarra hizo llegar al Congreso proyectos para llevar a cabo las reformas política, electoral y judicial, necesarias en un contexto de crisis generalizada. El destape de los 'CNM Audios' y la desaprobación ciudadana al Legislativo provocó que el mandatario tome la iniciativa. Este escenario sería la oportunidad para incluir a los pueblos indígenas y estos sean representados.

El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda (IDL) propone que dentro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se incluya a un representante de los pueblos indígenas. Actualmente, los miembros del CNM, que tienen el poder de nombrar, evaluar y destituir a jueces y fiscales, sean representantes de universidades y colegios profesionales. 

"En momentos en que la propuesta del Gobierno elimina la participación de la sociedad civil en la elección de los jueces y fiscales, proponemos que uno de los consejeros del CNM sea elegido por los pueblos indígenas, que en nuestro país alcanzan el 30% de la población", escribió en Facebook.

El abogado lamentó que actualmente la justicia estatal está "de espaldas a los pueblos indígenas". 

"Hay barreras económicas, culturales, idiomáticas, geográficas, sociales que impiden a los pueblos indígenas tener acceso a la justicia. Hoy la justicia se imparte en español, en las ciudades, para los que pueden pagarla, muy lejos del campo, y en divorcio con la cultura de los pueblos indígenas. Y cuando los pueblos indígenas imparten justicia en sus territorios, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo con las facultades que el artículo 149 de la Constitución les reconoce, son criminalizados y procesados penalmente".

 En agosto del 2017, hace exactamente un año, el entonces presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez reconoció que sería importante incluir a un representante de los pueblos indígenas en el CNM.

“Para mí sería una inclusión bastante interesante que en este debate también haya un representante de los Pueblos Indígenas ante el CNM. El día de [ayer] he explicado los avances que tiene el Poder Judicial en el tema de nuestras relaciones con la justicia indígena, comunal y rondera”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio., tras anunciar un proyecto para potenciar el PJ.

Al final, todo esto solo quedó en intenciones. Otra ausencia indígena en estos planes de reforma es en la electoral.

La Defensoría del Pueblo llamó la atención al Congreso por no garantizar la participación indígena. 

"Esta situación pudo ser corregida. Sin embargo, el Congreso de la República no ha modificado las normas electorales sobre la materia a pesar de haber recibido tres proyectos de ley que pretendían asegurar que los escaños dispuestos por la llamada cuota indígena sean efectivamente ocupados por candidatos de dicho origen. Sin esta modificación se aplicará por tanto una cifra repartidora para la asignación de escaños".

La cuota indígena consiste en que el 15% de las listas de candidatos a consejeros regionales y municipales esté integrada por representantes indígenas. Si bien en las próximas elecciones regionales y municipales a realizarse en octubre de 2018, la cuota indígena se aplicará en 20 regiones (con un total de 72 vacantes para candidatos y candidatas indígenas), esto no es garantía de la participación indígena. Lo que ocurre en la realidad es que los partidos ubican a los indígenas en los últimos lugares de las listas, como advirtió Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblo Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

"El Congreso debe reformular las normas que tratan la cuota indígena. Hay hasta 3 proyectos como la cifra repartidora diferenciada. La Defensoría ha invocado a que se priorice el debate de estas iniciativas", dijo Aedo a Canal N.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Congreso para que priorice el estudio y dictamen de los proyectos que garanticen la participación política de los indígenas en los futuros procesos electorales.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas es necesario llamar la atención al Estado peruano y a la sociedad civil sobre la situación de este sector de la población. Muchos de ellos son afectados por las actividades extractivas o por la ausencia del Estado que se plasma en la falta de colegios y centros de salud en sus zonas. Si bien hay avances importantes como la política de lenguas originarias y el derecho a la educación bilingüe, los problemas antes mencionadas deben ser atendidos con urgencia.


[Foto de portada: Ministerio de Cultura]


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