El Poder Judicial ordenó la ampliación por ocho meses del impedimento de salida del país para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y el exgerente municipal José Miguel Castro, ambos acusados de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo propio, por presuntamente haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, para la campaña contra la revocatoria en 2013.

La medida la dispuso el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción, un día antes de que se venciera la primera orden de impedimento de salida en contra de ellos dictada en noviembre del año pasado. 

El pasado 19 de julio, el equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato formalizó una investigación preparatoria contra Susana Villarán y otros funcionarios de su gestión, quienes son investigados por los presuntos aportes irregulares a la campaña del 'No' en el proceso de la revocatoria realizado en 2013. Las pesquisas incluyen a un ejecutivo de la empresa OAS por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos. 

Una de las primeras diligencias dictadas en contra la exburgomaestre capitalina fue el allanamiento de sus viviendas en Miraflores y Lurín, así como la de su exgerente municipal José Miguel Castro. La hipótesis que maneja la Fiscalía es que Villarán habría pedido la financiación de su campaña del ‘No a la revocatoria’ a Odebrecht y OAS porque estas tenían “intereses” en obras de la Municipalidad de Lima. 

"Nada temo, no encontrarán nada porque no tengo cuentas en paraisos fiscales, ni propiedades compradas con dinero sucio, tampoco desbalance patrimonial. Mi gestión como alcaldesa fue un ejemplo de transparencia", señaló en un mensaje la exalcaldesa tras enterarse del allanamiento. 

(Foto de cabecera: RPP)

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