2017 fue el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. La agroindustria es el sector de negocios más vinculado a los asesinatos, según el reciente reporte de la organización Global Witness -At what cost- publicado este martes.

Al menos, fueron asesinadas 207 personas en 22 países: líderes indígenas, activistas comunitarios y ecologistas que intentaron proteger sus hogares y comunidades de la minería, la agroindustria y otros negocios destructivos. Casi cuatro personas por semana. Brasil, Filipinas y Colombia son los países que encabezan estas estadísticas, con 57, 48 y 24 víctimas, respectivamente.

El informe devela un gran aumento en los asesinatos vinculados a productos para consumo. Aumentan los ataques brutales contra quienes defienden su tierra de la agricultura destructiva (por ejemplo, del acaparamiento de tierra para la palma aceitera, utilizada en productos de uso cotidiano como jabón y café). 

Probablemente el total global sea mucho mayor, si se consideran las graves limitaciones en cuanto a datos disponibles. El asesinato es el ejemplo más atroz de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras, incluyendo amenazas de muerte, arrestos, intimidación, ciberataques, agresión sexual y demandas judiciales. 

Las agresiones incluyen el asesinato de Hernán Bedoya en Colombia, quien recibió 14 disparos de un grupo paramilitar por manifestarse contra plantaciones de palma aceitera y de banano en tierras robadas a su comunidad; la masacre, ejecutada por el ejército, de ocho aldeanos en Filipinas, quienes se opusieron a una plantación de café en su tierra; y ataques violentos de parte de finqueros brasileños, que usando machetes y rifles dejaron gravemente heridos a 22 integrantes del pueblo indígena de Gamela, algunos con las manos cortadas. 

En el caso de Perú, se registran los asesinatos de Elías Gamonal Mozombite, Jorge Calderón Campos, Orlando Burillo Mendoza, Feliciano Córdova Abad, Alcides Córdova López y José Edil Córdova López (los seis agricultores asesinados en setiembre pasado en la provincia Coronel Portillo, región Ucayali). También Jhony Cáceres González (policía de la Dirección de Medio Ambiente, asesinado en la Reserva Nacional Tambopata, Madre de Dios) y José Napoleón Tarrillo Astonitas (teniente gobernador de El Mirador que protegía la reserva ecológica Chaparrí, en Lambayeque, asesinado en diciembre pasado).

El informe relaciona esta violencia con los productos que encontramos en nuestras alacenas: agricultura a gran escala, minería, caza ilegal, tala, todos producen componentes e ingredientes de productos de supermercado, como aceite de palma para champú, soya para carne y madera para muebles. 

"Activistas locales están siendo asesinados, mientras los gobiernos y las empresas priorizan la obtención de ganancias rápidas por sobre la vida humana. Muchos de los productos que surgen de este derramamiento de sangre pueden encontrarse en los estantes de los supermercados. Las valientes comunidades que se enfrentan a los funcionarios corruptos, a las industrias destructivas y a la devastación ambiental, son brutalmente silenciadas", afirma Ben Leather, encargado de Campañas de Global Witness.

El estudio 'A qué costo' también revela que algunos gobiernos y empresas son cómplices de los homicidios. Además de ser parte del problema, los gobiernos y las empresas pueden ser parte de la solución. Deben abordar de raíz las causas de los ataques; por ejemplo, garantizar que las comunidades puedan decir “no” a proyectos en sus tierras, como la minería; apoyar y proteger a las personas defensoras en riesgo y garantizar que se haga justicia para quienes sufren la violencia.

"Los gobiernos, las empresas y los inversionistas tienen el deber y el poder de apoyar y proteger a las defensoras y defensores en situación de riesgo, y de garantizar la rendición de cuentas cuando ocurran los ataques. Pero, lo que es más importante, pueden evitar que estas amenazas surjan en primer lugar, escuchando a las comunidades locales, respetando sus derechos y asegurando que las empresas operen de manera responsable", añade Leather. 

Hallazgos del informe 

* Brasil registró mayor cantidad de asesinatos que cualquier otro país en la historia, con 57 homicidios en 2017. 

* 48 personas fueron asesinadas en Filipinas en 2017, el número más alto jamás documentado en un país asiático.

* El 60% de los asesinatos registrados tuvo lugar en América Latina. En México y Perú los homicidios aumentaron de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente. Nicaragua registró la mayor cantidad de homicidios per cápita, con cuatro asesinatos.

* Por primera vez, la agroindustria fue el sector más sangriento, con al menos 46 asesinatos vinculados con esta industria. Los asesinatos relacionados con la minería aumentaron de 33 a 40, y 23 asesinatos se asociaron a la tala.

* Enfrentar a los cazadores ilegales se volvió aún más peligroso, con un récord de 23 personas asesinadas por plantarse en contra del comercio ilegal de vida silvestre, en su mayoría guardaparques en África.

* Global Witness vinculó a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los homicidios del año pasado, y a actores no estatales, como bandas criminales, con 90 asesinatos.

* Hubo una gran disminución en los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en Honduras, aunque, en general, empeoró la represión de la sociedad civil.

* En los últimos años se ha observado un mayor reconocimiento y acción por parte de los gobiernos y las empresas, pero se debe hacer mucho más y con urgencia para abordar este problema.

Los estados y las empresas pueden y deben prevenir las amenazas contra los defensores

Es principalmente responsabilidad de los estados, a través de sus gobiernos, garantizar que todos los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo su activismo de manera segura.

Sin embargo, los defensores que trabajan en cuestiones ambientales y de la tierra enfrentan riesgos específicos y mayores porque se los considera una amenaza tanto para el beneficio como para el poder. En la gran mayoría de los casos, son asesinados porque han cuestionado o se han opuesto a una empresa comercial, generalmente relacionada con la extracción de recursos naturales, como la minería, la agricultura a gran escala o la tala. Con gran parte de la violencia impulsada por la sed de ganancias, aquellos que tienen los bolsillos tienen el poder, así como la responsabilidad legal, de ser una fuerza para el bien.

(En la foto: Isela González, activista ambiental mexicana que lidera Alianza Sierra Madre, una organización que ha defendido los derechos indígenas en la región Sierra Tarahumara, durante los últimos 20 años. Créditos: Thom Pierce | Guardian | Global Witness | UN Environment. Video: Leo Plunkett | Global Witness)