La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que son 264 los muertos en Nicaragua por la represión del régimen de Daniel Ortega contra las protestas iniciadas el pasado 18 de abril, la peor matanza en tiempos de paz en el país centroamericano.
"Desde el comienzo de las protestas (en abril) hasta la fecha de hoy, 264 personas han perdido su vida y más de 1.800 han resultado heridas", aseguró el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrao, durante una intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
Según datos de organizaciones humanitarias locales, al menos 351 personas han fallecido en Nicaragua en los 85 días de crisis que vive el país. De hecho, al menos 21 personas fueron asesinadas el último fin de semana en las zonas de Jinotepe y Diriamba, a manos de grupos irregulares armados que están a órdenes del jefe de Estado.
Desde el estallido de las protestas contra el gobierno, la CIDH detectó "un patrón de uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y detenciones masivas y arbitrarias", señala el último informe de la CIDH.
Sin embargo, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, acusó, durante la sesión en la OEA, a la CIDH de no ser objetiva en la elaboración de su informe, en el que también denunció malos tratos a los detenidos por las autoridades locales.
"Es un informe apresurado y carente de objetividad. Se requiere de tiempo, imparcialidad y de una actitud profesional para informar con aproximación a la verdad de lo que realmente ocurre en Nicaragua", sentenció Moncada Colindres minutos después de la presentación de Abrao.
Durante su exposición, el secretario de la CIDH explicó que, desde la llegada del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) al país el pasado 30 de junio, 52 personas han perecido "de forma violenta provocada por el contexto de las protestas". "En la segunda semana de nuestra visita, constatamos la profundización de las formas de represión contra los manifestantes", apuntó.
Además, Abrao denunció que las personas detenidas por las autoridades a raíz de las protestas han sido víctimas de "violencia, malos tratos e incluso tortura antes de ser trasladadas a la sede de la Policía Nacional".
A ese respecto, Moncada Colindres quiso "reafirmar el compromiso sostenido" del gobierno de Ortega con el respeto y protección de los derechos humanos de los habitantes de Nicaragua.
"El pueblo nicaragüense ha sufrido embates terroristas de grupos políticos internos y externos, a los que se ha sumado el crimen organizado, para dar un golpe de Estado y cambiar el presidente elegido democráticamente", defendió.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra el régimen comenzaron el 18 de abril pasado por una fallida reforma de la seguridad social y se convirtió en un principal reclamo de la renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder, con graves acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
