La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró inadmisibles las solicitudes del Congreso peruano para que reconsidere una medida provisional que dictó en febrero pasado, en la cual pidió archivar la acusación constitucional en contra de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el caso El Frontón.
Es decir, el tribunal supranacional con sede en San José, Costa Rica, ha ratificado la decisión adoptada por cinco votos contra dos, el 8 de febrero de este año, en la que ordena al Perú archivar la acusación constitucional contra cuatro magistrados del TC porque podría obstruir la búsqueda de justicia en el caso "Durant y Ugarte", que se conoce también como El Frontón, por el cual el Estado fue condenado en el 2000.
En su resolución, que se conoció este lunes, la Corte IDH sostiene que los alegatos contra su fallo, remitidos por el Estado peruano mediante un escrito entregado en abril pasado, "no se refieren a situaciones de hecho desconocidas en el momento de dictarse la resolución de febrero de 2018, sino en su disconformidad con lo que decidió el Tribunal en esa oportunidad".
Los magistrados procesados por el Parlamento son Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, quienes fueron denunciados por 11 oficiales de la Marina de Guerra en situación de retiro en noviembre del 2017, al considerar que habrían violado el precepto constitucional de la "inmutabilidad de la cosa juzgada".
A los miembros del TC mencionados se les acusa por supuestamente cambiar el voto del exmagistado Juan Vergara Gotelli en una sentencia del 2013 sobre el caso El Frontón, en el que son procesados altos mandos militares, acusados de ejecutar extrajudicialmente a presos condenados por terrorismo que se habían rendido tras un motín en 1986, durante el primer gobierno aprista.
En el Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con el voto del fujimorismo que controla el Legislativo, aprobó el informe en el cual se plantea la destitución del magistrado Espinosa-Saldaña y que se suspenda a sus otros tres colegas acusados, pero la Corte IDH resolvió que para "garantizar el derecho de las víctimas del caso Durand y Ugarte (El Frontón) a obtener acceso a la Justicia sin interferencias en la independencia judicial, se archive el procedimiento".
El Parlamento solicitó a la tribunal reconsiderar los "fundamentos y los puntos resolutivos de la resolución de medidas provisionales y, dejándose sin efecto la misma, se disponga que se deniegue de la solicitud de medidas provisionales o, en su defecto, se precise el límite temporal de la medida provisional que la CorteIDH considere conveniente otorgar".
La Corte de San José respondió que es "inadmisible la solicitud" y subrayó que una vez que el Estado peruano le informe que la acusación constitucional se archivó, el tribunal internacional podría evaluar el levantamiento de la medida cautelar a favor de los magistrados del TC, ya sea por solicitud del Estado o de oficio.
La Corte IDH ya había explicado que la medida provisional se dictó para evitar que el procedimiento de acusación "no siga generando presiones indebidas tanto en ese alto tribunal como en los jueces penales para resolver lo pertinente en relación con el referido caso".
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