La buena estrella de Transportes Don Reyna está bajo sospecha de la fiscalía, que investiga los cinco contratos que esta firma vinculada al aprista Luis Nava Guibert firmó por casi US$ 18 millones con Odebrecht durante el gobierno de Alan García, para participar en cinco de los 24 proyectos que la constructora ejecutó en nuestro país, ya sea de forma individual o en consorcio, informó Cuarto Poder.

Esta semana, el fiscal de lavado de activos José Castellanos allanó un almacén en el que había 19 mil cajas con información financiera de Odebrecht, de las cuales seis tenía el rótulo “TDR” (Transportes Don Reyna), diligencia que se realizó en el marco de su investigación contra el expresidente Alan García como líder de una presunta organización criminal en la que está incluido Nava Guibert, por ser del entorno más cercano del exlíder aprista.

La empresa de la familia de Nava prestó servicios a Odebrecht en los tramos 2 y 3 de Carretera Interoceánica, en proyecto de Irrigación Olmos, Vías Nuevas de Lima, Costa Verde Callao y el Terminal Sur Puerto Callao, por los que facturó en total US$ 17’818,802.

Según el reportaje en mención, esta información es parte de la investigación de la fiscalía de lavado de activos contra el exsecretario personal de Alan García, su hijo José Antonio Nava y otros personajes del entorno del expresidente aprista, como los exministros Aurelio Pastor, Hernán Garrido Lecca y José Chang, entre otros.

El Ministerio Público también sospecha de los fondos que Luis Nava y su familia usaron para adquirir las decenas de camiones que posee su empresa, ya que hay información de operaciones sospechosas en las que se basan las dudas en torno al origen del dinero.

Una de estas, por ejemplo, la hizo el consorcio Conirsa, que integraron Odebrecht y las peruanas Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas, que puso en marcha un esquema para que Don Reyna adquiera modernos camiones que luego alquiló al proyecto de la Interoceánica Sur. En este proyecto, el vínculo contractual entre los Nava y la constructora brasileña empezó en 2007, en el gobierno aprista, y finalizó en 2015, cuando estalló el escándalo del caso Lava Jato.

Consultado por el programa periodístico, José Antonio Nava, gerente general de Transportes Don Reyna, se excusó de declarar para el reportaje, al sostener que colabora con la Fiscalía de Lavado de Activos. 

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