Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta durante el régimen de Alberto Fujimori, se pronunciaron este viernes tras hacerse pública la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de hacer un llamado de atención al Estado peruano respecto al cumplimiento de las sentencias por estos casos y la revisión dentro del foro interno del indulto al exdictador.
En conferencia de prensa en compañía de sus abogados y el Secretario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), consideraron 'satisfactorio' en parte este fallo, pues reconoce que el Estado no ha hecho lo suficiente para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
"La Corte le recuerda al Estado peruano que la verdad y la justicia son derechos irrenunciables de las víctimas y que por tanto el Estado tiene la obligación de garantizar su cumplimiento (...) Pese a tener algunas sentencias ratificadas por la Corte Suprema, tenemos también procesos que aún no han iniciado para juzgar a los principales responsables de la muerte de nuestros familiares como Vladimiro Montesisnos, Nicolás Hermosa Ríos, Santiago Martín Rivas y los cabecillas del Grupo Colina", señaló Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz, uno de los estudiantes desparecidos en La Cantuta.
"Esperamos que tras este pronunciamiento el Estado peruano cumpla con esta obligación de devolvernos los cuerpos de nuestros familiares desaparecidos (...) Nos satisface que de alguna manera la Corte Interamericana haya tomado en cuenta esta obligación del Estado de garantizar el derecho a la justicia plena de las víctimas y que medidas dadas de manera arbitraria no están de acuerdo a esta obligación".
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