La caída del Puente Solidaridad ha vuelto a tomar protagonismo a un año del lamentable hecho. Esta vez no se trata de la desafortunada justificación “No se cayó, se desplomó”, sino de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República. La investigación, que implica a 9 funcionarios de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), halló graves irregularidades tanto en el proceso de licitación como en la ejecución de la obra.

Al margen de la falsificación de documentos y presunto direccionamiento a favor de la empresa constructora, se calcula que el monto del perjuicio económico luego de la caída del puente ubicado sobre el río Rímac en el distrito de San Juan de Lurigancho es de S/ 4´971,204. No obstante, la entidad de control estima que la pérdida es aún mayor, porque implica gastos como “el costo por el servicio de desarticulación de la estructura colapsada [S/ 396,600] que se constituirá en perjuicio cuando se efectúe el pago”.

Según la investigación de la Contraloría, durante el proceso de licitación, el comité evaluador de Emape, admitió “la propuesta del postor único Constructora e Inmobiliaria AL&M S.A.C. que no cumplió con los requerimientos técnicos mínimos”. Sin embargo se le permitió continuar en el concurso y “a pesar de que no cumplía con el factor ´experiencia y calificaciones del personal propuesto´” AL&M S.A.C. recibió puntaje favorable y pasó a la segunda fase del proceso.

Sumado a esto, los peritos de la Contraloría hallaron un posible direccionamiento de la licitación. Fue así como se encontró que en “en la fase de actos preparatorios […] sin justificar su necesidad, se incluyó en las bases administrativas, requerimiento técnico mínimo desproporcionado y restrictivo”. El documento al que accedió El Comercio cita que se exigió “un taller de maestranza con área mínima de 5000 m2, que cumplía el único postor que se presentó”.

Otra prueba grave encontrada son los documentos fraguados, como el del supuesto interesado en el concurso Walter Barrenechea Soto, según los documentos de Emape. El mismo Barrenechea señaló a través de una carta que le falsificaron su firma, su sello y membrete. “De este modo se acredita que el supuesto participante no intervino en el proceso de selección, demostrándose que el documento de consulta, presuntamente falso, sirvió para simular la pluralidad de postores”, se lee en el informe de Contraloría.

Obra sin ingenieros

Gracias a la misma investigación se pudo conocer que la empresa AL&M no presentó los ingenieros con la experiencia requerida en las bases del concurso y  varios de estos ni siquiera estuvieron presentes en la obra: “Consintieron que el contratista vulnere las condiciones contractuales al no observar ni exigir la intervención de los profesionales propuestos, tal como el ingeniero civil con especialidad en hidráulica, a pesar de ser imprescindible su participación […] y permitir el reemplazo del asistente de obra […] por personas que no contaban con título profesional, ni colegiatura”.

Así conoció que Edgar Rodríguez Zubiate, supuesto ingeniero de AL&M, “informó a la comisión auditora […] que no firmó ningún documento de consentimiento, autorización, ni carta de compromiso para trabajar en calidad de asesor para le empresa AL&M, y que durante la ejecución de la obra no participó como asesor o similar”.

El informe concluye que son nueve los funcionarios de Emape sobre quienes se ha encontrado responsabilidad administrativa y penal. Entre las faltas citadas por el informe de auditoría, está que no se adoptaron “acciones para comprobar la verdad de los ensayos de laboratorio que resultaron adulterados y falsos, los cuales sirvieron para sustentar la calidad del concreto y compactación del suelo”. Además, “valorizaron, recepcionaron y tramitaron el pago de trabajos no ejecutados”.

Uno de ellos es José Justiniano Martínez -“en su condición de jefe de Departamento de Ingeniería de la Gerencia Técnica de EMAPE”-, quien se hizo fama tras la frase “No se cayó, se desplomó”. Justiniano habría pasado por alto una serie de irregularidades, pese a su función gerencial en la entidad municipal. Incluso fue parte del comité evaluador que dio la buena pro de la obra que terminó colapsando tras los embates del Fenómeno del Niño el 2017.

DATO

✔ Los hallazgos de la Contraloría fueron notificados a la Municipalidad de Lima el 8 de mayo pasado.

(Foto de cabecera: Andina)

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