La alcaldesa de Pueblo Nuevo (Chincha, Ica), Patricia Torres Sánchez, encontró varias cartas del congresista de Fuerza Popular Miguel Elías Ávalos dirigidas al exalcalde de la localidad, Hugo Buendía Guerrero, instándole a ejecutar dos obras públicas. Eso ocurrió mientras Torres —quien en enero de 2017, en su condición de regidora, reemplazó en el cargo Buendía, debido a que la autoridad cayó preso en un operativo anticorrupción cuando cobraba una coima— revisaba documentación del municipio en el despacho de su predecesor.

Se pudo conocer que el 31 de agosto de 2016, el legislador fujimorista escribió al entonces alcalde de Pueblo Nuevo que, “en cumplimiento de mis funciones legislativas (...), se sirva remitir, en orden de prioridad, la siguiente información: dos proyectos de inversión pública que deben contar con perfil viable y estudio de factibilidad aprobado, y que no cuenten con el financiamiento para su ejecución o no hayan sido considerados en el presupuesto para el año 2018 por el sector respectivo”.

La respuesta del exalcalde no se hizo esperar. El 14 de septiembre, Buendía le dijo al congresista Elías que los dos proyectos en mención eran el mejoramiento de las redes de alcantarillado y agua del jirón Arica, Pueblo Nuevo; y el mejoramiento del sistema de alcantarillado del asentamiento humano Miguel Grau, en el mismo distrito. El primero tenía un costo de 2 millones 384 mil 547 soles y el segundo de 2 millones 715 mil 965 soles. Hablamos de 5,1 millones en total.

Para el 10 de noviembre de ese mismo año, Elías envió nuevas misivas —gracias a la información otorgada por Buendía— al entonces ministro de Economía, Alfredo Thorne, y a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, su colega de bancada  Cecilia Chacón, solicitándoles que incluyan en el presupuesto de 2017 los fondos necesarios para financiar los proyectos requeridos por el ahora exburgomaestre del distrito de Pueblo Nuevo.

Todo estaba encaminado, sin embargo, Elías no contaba con que el alcalde Hugo Buendía caería preso en un operativo anticorrupción dirigido por la fiscal Noris Ricse cuando un representante de una constructora le estaba pagando una coima de 10 mil soles. Ante este escenario, el legislador fujimorista se dirigió a Patricia Torres Sánchez, a través de un oficio, exigiéndole “un informe detallado” sobre los proyectos de obras públicas, incluyendo “las bases para el concurso, modalidad de adjudicación (...) quedando de usted a la espera de su muy urgente respuesta”.

Debido al desmesurado interés de Elías, la alcaldesa Torres decidió no responderle y gestionar las obras por su cuenta, y se negó a participar en la sospechoso trama que había heredado de la gestión del encarcelado Hugo Buendía, según declaró a la fiscalía. 

“Cuando me llegó la carta del congresista Miguel Elías, preferí no contestarle porque mis asesores me dijeron que no era de confianza. No quise meterme en problemas”, explicó Patricia Torres, citada por La República.

Elías, al no obtener respuesta, se presentó en el despacho de la alcaldesa Torres y preguntó qué estaba pasando. “Me dijo que estaba interesado en gestionar la aprobación de las obras, pero yo solo le respondí de manera protocolar”, relató Torres.

“Nunca me he reunido con ninguna autoridad de Ica. Los trabajos que yo realizo en las semanas de representación es solo con la población, y según la necesidades que tiene cada distrito, curso cartas a los alcaldes pidiéndoles información sobre los proyectos de los distritos de la región. Para eso, no tengo que entrevistarme con los alcaldes. Lo mismo hago con todos los distritos”, explicó Miguel Elías a La República con clara intención de negarlo todo.

Lo cierto es que, de momento, el Ministerio de Vivienda y Construcción aprobó solo el proyecto de mejoramiento de las redes de alcantarillado y agua potable del jirón Arica, por 2 millones 364 mil 547 soles. El segundo proyecto ya cuenta con la aprobación del perfil y de la viabilidad del mismo, solo falta la transferencia de los fondos para la ejecución.

Fuerza Popular y los disidentes liderados por Kenji Fujimori se acusan mutuamente de presionar a autoridades regionales, provinciales y locales para que estas exijan al Ejecutivo el financiamiento de obras públicas. Según este presunto esquema –que quedó en evidencia en los audios que grabó el congresista fujimorista Moisés Mamani– supuestamente los legisladores ofrecen a los gobernadores y alcaldes su intermediación para que se apruebe en el Congreso el presupuesto respectivo, y también prometen hacer “lobby” ante los ministerios para que transfieran partidas lo más rápido posible.

DATO

✔ Hugo Buendía –con quien el congresista Miguel Elías coordinaba– logró que le revocaran la orden de prisión por comparecencia restringida. De inmediato pidió al Jurado Nacional de Elecciones que lo restituyera como alcalde de Pueblo Nuevo. Para dicho fin, contrató al abogado Luis Mejía Lecca, personero legal y tesorero de Fuerza Popular. Mejía logró que Buendía regresara a la alcaldía.

(Foto de cabecera: RPP)

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